Las indagatorias que se inicien con motivo de la denuncia presentada por Emilio Lozoya podrían llegar hasta la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), sobre todo por lo que se refiere a cuestiones relacionadas con operaciones de procedencia ilícita y la construcción de redes de corrupción en las que participaron de manera específica funcionarios y representantes empresariales y que tuvieron impacto tanto en el sistema financiero nacional como internacional, informaron autoridades ministeriales.

La denuncia presentada el pasado 11 de agosto por los defensores de Emilio Lozoya fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, área que desde 2017 integra las carpetas de investigación relacionadas con Odebrecht y la compraventa con sobreprecio que hizo Pemex de la empresa Agronitrogenados.

Sin embargo, explicaron las autoridades entrevistadas, en el texto se denuncian diversas conductas ilícitas que de acuerdo con la especialidad pueden ser derivadas para la Fiscalía Anticorrupción, en lo que toca a los sobornos que se entregaron a legisladores y funcionarios, y en los que participaron o estuvieron involucrados los representantes empresariales.

En los delitos que tienen que ver con operaciones financieras, se turnaría la investigación a la Seido si se considera o detecta que existió una red de funcionarios y empresarios que pudieron haber constituido un grupo delictivo, lo que generaría acusaciones por delincuencia organizada y la imposibilidad de que a los implicados se les otorguen beneficios como la libertad bajo caución.