ntes del gobierno de José López-Portilllo (1976-82), la unidad responsable de las estadísticas nacionales, la Dirección General de Estadística (DGE), se ubicaba en la Secretaría de Industria y Comercio. Como parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto (1976) se constituyó en ella la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Información que absorbió la DGE y asumió otras funciones, pero no las de cuentas nacionales (CN), que siguieron en el BdeM. En 1983, siendo presidente Miguel de la Madrid, se creó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como organismo descentralizado. En abril de 2006 se publicó una reforma del artículo 26 de la Constitución que adicionó un apartado B en el que se señala que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) que establece que “La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia”. Con base en ello se creó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (abril de 2008). El Inegi autónomo absorbió la función de formular también las CN. El Inegi no es el único productor de información del sector público nacional, pero sí es el único responsable de normarlo, coordinarlo, regularlo y proveer el cumplimiento de las normas.

Sin embargo, el Inegi no ha metido ni las manos en la información sobre la pandemia de Covid-19 y, por tanto, han quedado en manos de una sola secretaría, y para todo fin práctico, de una persona, conducir el grueso de la política sanitaria para enfrentar la pandemia, así como de medir su evolución y autoevaluarse. López-Gatell decidió aplicar pruebas de Covid-19 sólo a los enfermos con síntomas fuertes que acudieran a un centro hospitalario público (lo que pasa con las pruebas aplicadas en hospitales y laboratorios privados es opaca). Por tanto, México es uno de los países del mundo con menos pruebas aplicadas por millón de habitantes. De acuerdo con el Worldometer somos el número 153 (de 195 países o territorios con datos) con sólo 9 mil pruebas aplicadas por millón de habitantes (Rusia, 230 mil; EU, 221 mil, y Brasil, 65 mil). Medir poco, en este caso, significa medir mal, pues se omiten todos los casos con síntomas leves y los asintomáticos que, sin embargo, son transmisores, con lo cual se está dejando a millones de familias en la desprotección al no poder saber si hay un miembro en su hogar contagiado con SARS-CoV-2 y estar a tiempo de aislarlo. A las estadísticas oficiales de casos sólo llegan quienes desarrollan síntomas fuertes y, probablemente, sólo si acuden a un centro del sistema de vigilancia epidemiológica, que es sólo una parte del total nacional. Algo similar debe estar ocurriendo con las estadísticas de muertes. Ruy López, director del Cenaprece, señaló que entre las semanas 12 y 26 de la epidemia se esperaban 130 mil 763 muertes en México de acuerdo con registros de años previos, pero las observadas fueron 202,077; 71,315 más (55 por ciento); cifra muy por arriba de las 26,381 reportadas por la Ssa al final de la semana 26 (27 de junio) por Covid-19. Aunque el que tiene nombre de un gran ajedrecista advirtió que no todo el exceso de muertes no explicado (71,315 - 26,381= 44,934) se debe a Covid-19, es razonable suponer que al menos dos terceras partes de lo no explicado se deban también a la pandemia: es decir, que habría habido en 15 semanas 30,105 muertes adicionales a las oficiales (30,105= 0.67* 44,934), lo que originaría un total (en esas 12 semanas) de 47,781 muertes por Covid-19, 1.81 veces las oficiales. Al multiplicar las muertes oficiales por Covid-19 hasta el 19 de agosto (54,841) por 1.81, la cifra de muertes resultante es 105,266 (= 58,481*1.81). Como al dividir este número entre los contagios reportados antier (537,031) se obtendría una tasa de letalidad, TL, (muertes/contagios en porcentaje) de 19.6 por ciento, que es totalmente desproporcionada, tenemos que corregir también los contagios. Suponiendo que la misma proporción de subestimación de muertes sea aplicable a los casos, que (casi) todos creemos no es así, pues pensamos que los contagios se subestiman con mayor facilidad que las muertes (el contagiado leve se queda en casa, el muerto no se entierra en casa), el número de casos sería de 972,026 (= 537,031*1.81). Éste es el piso de la estimación. Estaríamos otra vez en la TL de 10.9 por ciento. Pero justamente porque la TL oficial en México es 3.11 veces la mundial (10.9 por ciento vs. 3.5 por ciento) es que todos creemos que los contagios están mucho más subestimados que las muertes. Si la TL real de México fuese 3.5 por ciento (como la mundial), el número de contagios sería 3.11 veces mayor: 3.023 millones (=972,026*3.11). Éste es el techo de la estimación.

Mientras el confinamiento estaba en vigor, el número absoluto de contagios y muertes era muy importante, pero no crucial. Cualquiera que haya construido series largas de análisis, y se haya percatado en el camino de un error, al corregirlo habrá visto que no sólo cambian los valores iniciales o finales, sino también la trayectoria. Cuando detecté series de evolución de la pobreza con errores en la información de base o en el cálculo de parámetros decisivos como la línea de pobreza, hice la corrección y noté que no sólo aumenta o baja el nivel de pobreza en el año más reciente, sino que a veces cambia la trayectoria de su evolución. El discurso oficial sostiene que la pandemia va en descenso en las últimas semanas y con base en ello han decidido acelerar la reactivación económica. Con mis series construidas con datos oficiales de casos y contagios según fecha de registro (y no con fecha de inicio de los síntomas o de ocurrencia del deceso) sólo he podido constatar que los casos han bajado en las últimas dos semanas, pero no he encontrado descenso en las muertes. El hecho real, como espero haber sido convincente, es que ni las cifras de contagios, ni las de muertes son confiables, por lo cual la afirmación están bajando muertes y contagios carece de fundamento. López-Gatell y su equipo han reconocido en estos días que están aplicando menos pruebas, pero arguyen que en vez de la línea de causalidad yendo de la baja en el número de pruebas, dada una probabilidad de que éstas resulten positivas, a la baja en el número de contagios identificados, arguyen que el número de pruebas baja porque baja el de contagios. La reducción al absurdo de este argumento es: si ya saben que están bajando los contagios, ¿para qué hacen las pruebas? El fondo del asunto es que, al incumplir el Inegi su responsabilidad constitucional de normar y regular la captación, procesamiento y publicación de estadísticas de las pandemias, quedó en la voluntad de una persona (en la que hay conflicto de intereses, pues es juez y parte, y actúa sin reglas) la decisión sobre cuándo y cómo captar las evidencias sobre el Covid-19. El Inegi debe hacer (en consulta con los mejores epidemiólogos) un reglamento sobre la información sobre pandemias nuevas, especialmente si son letales y no hay medicamentos ni vacuna, casos donde nuestra única arma es saber quienes tienen el virus para aislarlos. Escribo para ayudar a salvar vidas; para salvar el proyecto de la 4T. Detengan la reapertura y hagan muchas más pruebas.

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