A 15 años de ocurrida la presunta ejecución extrajudicial de Víctor Emmanuel Torres Leyva, a manos de policías de la Ciudad de México, el gobierno del país truncó la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en este caso, al negarse a que se realizara una investigación completa de lo ocurrido, indicó el abogado de la familia de la víctima, Fabián Sánchez Matus.

En entrevista con La Jornada, el litigante explicó que el 19 de agosto de 2005, Torres Leyva –quien al momento de su muerte tenía 29 años y trabajaba como ajustador de seguros empresariales– perdió la vida luego de que un grupo de policías de la Ciudad de México abrió fuego contra su auto, el cual circulaba en contraflujo.

En la indagatoria de lo ocurrido, afirmó Sánchez Matus, tuvieron lugar diversas irregularidades, entre ellas, el no definir con precisión el número de agentes que intervinieron en la persecución de la víctima, en cuántos vehículos, por cuánto tiempo y cuántas veces dispararon.

Herida de fuego en la nuca

Además de lo anterior, se encontró el cuerpo de Víctor Emmanuel con un disparo en la nuca –lo cual no fue consignado en el expediente oficial del caso– y la policía capitalina no entregó diversos fragmentos de las grabaciones de la radio de los elementos involucrados.

Sobre este caso existe una recomendación de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular presionó a la familia para que dijera que ya se había cumplido, según Sánchez Matus.

Enfatizó que aunque la familia había aceptado llegar a un acuerdo de solución amistosa del caso, el gobierno del país se negó, pues ello hubiera implicado realizar una nueva indagatoria de un tema que considera cosa juzgada.

En estos días, el abogado presentará sus argumentos de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual ya ha aceptado analizar el caso– para que el organismo internacional determine la responsabilidad del Estado mexicano en lo sucedido.