uchos de los rasgos del año venidero pueden, desde ahora, escudriñarse con visión provisional. Serán tiempos de elecciones y presiones financieras adicionales derivadas de limitantes impuestas por la pandemia. Lo electoral, en especial, no será motivo de este artículo. Muchos analistas ya lo hacen y continuarán en esa batalla con marcado y ladeado ahínco. Concentraré este trabajo en algunas de las líneas definitorias adicionales que tienen que ver con las urgencias programáticas y financieras. Estas urgencias cercarán al gobierno federal y sus propósitos de introducir niveladores en el reparto equitativo de los bienes y servicios colectivos. Es decir, qué tantas acciones prácticas, además de las ya instaladas, se podrán añadir al curso de 2021 en lo tocante a la justicia social prometida.

Nada fácil se aprecia la disposición de llegar al año que entra con los recursos presupuestales indispensables para seguir por la senda marcada desde el inicio del presente sexenio. La atención a los excluidos, a los de abajo o pobres de siempre se antoja, desde ahora, a menos de cinco meses de terminar 2020, una tarea venidera para esforzados. En verdad será difícil pero, sin exagerar recursos o pretensiones, tendrán que redoblar cometidos y voluntades para no dejar ir las expectativas ya sembradas.

Las búsquedas de ingresos adicionales, provenientes de cerrar las llaves a la corrupción, aunque importantes, quedaron más cortos a lo esperado. Resta, para el año entrante, explorar otros sectores promisorios de ingresos adicionales. Además de las garantías de una conducción eficaz de la oficina recaudadora, (SAT) que seguirá apretando sensibles tuercas, se deben añadir otras áreas de muy difícil tratamiento: aduanas, elusión, fiscalidad adicional y otros de menor cuantía pero que, sumados, darán respiro a un agobiado ente recaudador. La austeridad no podrá, ni convendrá, ser reforzada. A duras penas se continuará con la astringencia hasta ahora marcada.

Los dos primeros años han sido un esforzado “ tour de force” para, al mismo tiempo, enderezar el gasto y la inversión hacia los proyectos prioritarios de los morenos: primero los pobres, los estratégicos del sureste y la reducción de la violencia. Por lo pronto y aún en medio de los rigores de la pandemia, que adelantaron masiva atención hacia la salud, se pudieron dejar fondeadas las demás prioridades. La consecuencia, después de dos años de tormentoso cambio y rápidas velocidades cotidianas, la realidad se ensaña sobre una hacienda ahora exhausta. La renovación del caudal de nuevos ingresos, para el siguiente periodo, exprimirá la usual fiscalidad hasta niveles poco previstos con anterioridad. Aliviarle la carga disponible es y será la encomienda. El despegue que ya insinúa la economía, después del forzado encierro, no permitirá una futura ley de ingresos boyante. Ni siquiera pensando en que los proyectos aduaneros rescaten parte sustantiva de las supuestas fugas actuales que son y han sido cuantiosas.

El impacto que se logró en el consumo, con los recursos canalizados a las capas poblacionales necesitadas de atención, tendrá, a futuro, menor impacto, ahora que la planta productiva empiece su ascendente marcha. El empleo, efectivo elemento distributivo y reivindicador, retomará camino pero con lento crecimiento. El ritmo y la cuantía de las revisiones contractuales, dada las dificultades financieras en curso, impondrán mesura en la ambición justiciera. Los tironeos electorales, ya en pleno juego, no permitirán el desboque acostumbrado del gasto respectivo. Los caudales disponibles, antes masivos, no se espera que ocurran en esta elección por importante que esta pueda entreverse. Sobre todo porque el manirroto principal del oneroso dispendio pasado, no abrirá su caja principal: la hacienda federal. Lo cierto es que, la sola tentativa de pensar en la costumbre de los ríos anteriores, en beneficio de cualquier candidato o para el partido oficial, quedará sellada. La simple disposición y anunciada vigilancia presidencial, la harán visible y, en variadas formas, punible.

Además, la estrategia hasta ahora seguida desde Palacio Nacional ha forzado el respeto y observancia de los cauces marcados por las leyes prevalecientes. Pero ello ha implicado dificultades crecientes y poco sostenibles. Por tanto, se tendrá que pensar, en ese venidero año, en abrir, de ser posible, los canales para una renovación legislativa a fondo. Un renglón fundamental, para este propósito de fondear los programas en curso y adicionarle otros de pinta universal, (Ingreso básico por ejemplo) será indispensable embarcarse, para el segundo semestre de 2021, en la pendiente reforma fiscal. Aunque no sólo este, en verdad penoso trabajo de reforma, integra el paquete que se visualiza necesario. Otras más se prevén tan urgentes como cruciales, pero las dejaremos para próximas tareas difusivas.