A un año de la muerte de Alcira González Gómez, de dos años y medio, debido a “la falta de atención y cuidado por los propietarios de la plaza Antara, su familia iniciará un procedimiento administrativo de sanción al responsable de la construcción y administración al ser un lugar inseguro para sus visitantes.

Su abogado, Yisroel Cimet, llamó a las autoridades a que inspeccionen la construcción y operación de las plazas comerciales del consorcio formado por las familias Sordo Madaleno y Diez Barroso, así como Miguel Alemán, a fin de evitar nuevos decesos.

Anunció que iniciarán una demanda civil a fin de reclamar la reparación integral del daño y una reclamación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar el cierre del centro comercial y el otorgamiento de medidas cautelares.

En el Congreso de la Ciudad de México se solicitará una propuesta con punto de acuerdo con el propósito de revisar las plazas comerciales, al existir posibles indicios de corrupción en el otorgamiento de los permisos para visto bueno de seguridad y ocupación.

Además, se pedirá la comparecencia de las autoridades responsables ante dicha instancia y se convocará a la ciudadanía a armar una acción colectiva contra los hospitales públicos y privados que condicionan la atención de una urgencia al pago de servicios, señaló.

Tras realizar una caminata con veladoras y colocar un altar en el primer piso, de donde cayó, con fotografías que ese día le tomaron a la menor, el abogado explicó que la denuncia interpuesta por homicidio culposo avanza en la Fiscalía General de Justicia.

Los dueños de la plaza no han tenido ningún acercamiento con los padres de la menor ni han tomado en serio este asunto, pero sí lograron modificar el área donde se registró el accidente para cubrir cualquier huella.

Los dictámenes periciales, sin embargo, establecen de forma clara que la plaza tiene una responsabilidad, pues la menor cayó entre vigas que soportaban un muro de vidrio publicitario, golpeándose su cabeza con la estructura metálica del muro.

Al llegar a la planta baja, dijo, quedó atrapada entre el muro de construcción y un vidrio, que intentaron romper sus familiares, pero el equipo de seguridad privada del lugar se los impidió, con el argumento de que estaban cometiendo daño en propiedad privada.

Tras varias discusiones, dicho personal aceptó que la familia rompiera el vidrio y rescatara a la menor, y una ambulancia de la Cruz Roja la trasladó al hospital Español, donde para ingresarla se exigió al papá 100 mil pesos, con los que no contaba.

La menor permaneció media hora en el área de recepción hasta que su abuelo llegó y pagó 40 mil pesos y firmó un pagaré en blanco, pero en la cirugía la menor sufrió dos paros cardiacos y murió, pues se violó la Ley de Salud de la Ciudad de México, que establece que todos debemos recibir atención médica en casos de urgencia.

Por ello, hoy exigimos justicia y no vamos a permitir que el caso quede impune, advirtió ante la exigencia de elementos de seguridad de retirarse del lugar junto con los representantes de los medios de comunicación que ahí se encontraban.