Chihuahua, Chih., Pobladores del municipio de Galeana y más de cien integrantes de la comunidad LeBarón tomaron las oficinas de la dirección de seguridad pública y vialidad de esa demarcación, la mañana de ayer, para exigir el cese de los policías municipales, porque cometen abusos, robo, tortura y extorsión, además tienen vínculos con el crimen organizado, acusaron.

Los inconformes protestaron en el edificio de la corporación de plaza Lagunitas, encabezados por los activistas Julián y Adrián LeBarón.

Al grito de: el pueblo manda y alegando una denuncia ciudadana, Julián LeBarón buscó ingresar al cuartel municipal, mientras decenas de hombres, mujeres y niños rodeaban el edificio. Diez oficia-les reguardaron la entrada y acusaron a Julián y a los otros dirigentes mormones de intentar saquear el lugar. Los mormones argumentaron: este municipio es de nosotros, no de los policías, ustedes son funcionarios y deben servir al público y protegerlo, según un video que circuló en redes sociales.

Hay muchos abusos, roban las nueces y nosotros no tenemos a quién acudir, acusó el activista Adrián LeBarón a reporteros en Galeana. Queremos la destitución de todos los (policías) municipales, que nos den chance de hacer nuestra propia corporación o manden a los federales, porque los municipales son sicarios disfrazados de policías”, señaló.

En ese contexto, indígenas de Bosques de San Elías Repechique, en la zona turística de Creel, municipio de Bocoyna, en la sierra Tarahumara, denunciaron acoso de la Fiscalía General del Estado, porque la comunidad insiste en construir un taller de costura en un predio que consideran propiedad comunal; pero lo reclama un mestizo.

Lo anterior, porque el jueves cerca de 50 mujeres, hombres, niños rarámuri fueron detenidos en la comunidad Bosques de San Elías, por agentes del Ministerio Público de Creel y de la Policía Estatal, denunció Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec), asociación que defiende juridicamente a los indígenas. Detalló que adultos y menores rarámuri fueron obligados a caminar dos horas de Bosques de San Elías a la oficina del Ministerio Público en Creel, escoltados por patrullas de la Policía Estatal, acusados de romper sellos de clausura que la fiscalía colocó en la construcción del taller el mes pasado. La fábrica Bowe Najativo se edifica con recursos del fideicomiso Bosques de San Elías, el cual indemnizó a los rarámuris por la construcción del aeropuerto de Creel en sus tierras y al cual acceden de forma comunitaria.

Bosques de San Elías está integrado por 132 familias indígenas que viven en 33 rancherías, en una superficie de 11 mil 300 hectáreas; pero quienes ejercen el derecho de posesión ante el Registro Agrario Nacional son pequeños propietarios mestizos que nunca han vivido en el lugar. Contec acusó que el MP y la fiscalía violaron derechos constitucionales, en tratados internacionales y protocolos de la Suprema Corte, por hostigar a indígenas.