La reforma a la Ley de Adquisiciones, aprobada en el Congreso federal y la propuesta para modificar las normas que rigen las compras gubernamentales, continúa acarreando críticas de representantes empresariales, diputados y órganos desconcentrados porque, acusaron, se ha privilegiado como norma la adjudicación directa.

En el cuarto parlamento abierto, organizado –mediante enlace virtual– por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, se llamó al diálogo sin prejuicios y a la incorporación de las propuestas de la iniciativa privada.

Por parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que aglutina los laboratorios que dominan la producción de medicinas en el país, su presidente, Rafael Gual Cosío, reprochó la decisión del gobierno federal que corta la dependencia que promovieron los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional con los productores farmacéuticos en el país, a fin de conseguir insumos de salud de calidad y mejor costo en el extranjero.

Ni hemos concluido la curva de aprendizaje que comenzó con el Insabi, (y) con esta inoperancia se abandonó el mejor procedimiento para las compras, que son las licitaciones públicas, se privilegió la adjudicación directa en la compra de medicamentos, criticó.

El representante de los laboratorios, contrario a las acciones recientes del gobierno, reiteró que esa cámara aglutina 250 laboratorios y se emplea a 650 mil personas. Ponderó que en el periodo 2008-2018 ocurrió un notable aumento de la competitividad de la industria farmacéutica.

Estamos en condiciones de competir con reglas equitativas, en igualdad de condiciones, de planeación, de pago y de transparencia. Frente a un fenómeno como el que estamos viviendo, el diálogo es el mejor elemento, sin prejuicio, para abundar en los elementos jurídicos y técnicos que se requieren para transformar el sistema de compras públicas, que acepten nuestras propuestas. La industria farmacéutica está preparada para atender los requerimientos, inmediatamente, del gobierno.

Por el contrario, David Merino, investigador en materia de transparencia y anticorrupción, propuso una normativa dirigida a la relación con el sector privado: No existe un marco normativo para cumplir con lo que establece la ONU, que se incorpore a la ley de las personas físicas o morales, que tengan un oficial de cumplimiento normativo y una política de integridad. Hay que tener el enfoque de que el sector privado colabora con la corrupción.

Para Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia y diputado de Movimiento Ciudadano por Jalisco –estado donde se asientan poderosos laboratorios farmacéuticos en los que laboran 160 mil personas–, declaró en contra de las acciones gubernamentales: “En lo personal, respecto a las adquisiciones a nombre de la pandemia, podemos hacer muchas cosas de manera precipitada, y a nombre de la velocidad no podemos dejar de lado hacerlas bien… No hay nada peor que se diga que vamos a hacer adquisiciones directas. Cuando se nos vende la idea de comprar medicamentos por la pandemia, hay precipitación”.