A más de tres meses de la publicación de la Ley de Amnistía, aún no se tiene un camino claro de cómo se va a poner en práctica esta norma, ya que la comisión a cargo, que encabeza la Secretaría de Gobernación, no ha publicado detalles del procedimiento que deben seguir las personas en prisión que buscan extinguir su pena o la investigación en su contra, acusaron organizaciones. En tanto, ya se han presentado las primeras solicitudes en la materia.

En conferencia digital, las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres y Documenta informaron que el primero de julio presentaron ante la Comisión de Amnistía solicitudes de extinción de la pena para dos personas a las que se imputaron delitos contra la salud.

El primer caso corresponde a una mujer de 35 años de edad, originaria de Oaxaca. Fue detenida cuando, por primera vez, realizaba la transportación de mariguana en un camión de pasajeros con destino a la Ciudad de México, ello a cambio de 2 mil pesos. Un juez federal la sentenció a seis años y seis meses de prisión.

En el segundo caso se solicitó amnistía para un joven originario de Sinaloa, quien hace dos años accedió, sin tener pleno conocimiento, por temor y mediante engaños, a transportar metanfetaminas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que se le condenó a poco más de tres años de prisión en una corte de ese país y después fue extraditado a una prisión federal mexicana.

De acuerdo con las abogadas Nohemí Juárez, de Documenta, y Viridiana Valgañon, de Equis Justicia para las Mujeres, ambos casos evidencian cómo distintas formas de vulnerabilidad social y un sistema de justicia punitivo, desprovisto de un enfoque de derechos humanos, se traducen en penas absurdamente severas para delitos menores que reflejan la constante criminalización de grupos históricamente vulnerados.

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, señaló que las personas encarceladas son de las poblaciones en mayor riesgo por la pandemia de Covid-19, debido al hacinamiento en el que se encuentran y a que en su mayoría carecen de productos de higiene.

María Sirvent, directora de Documenta, refirió que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 2 de agosto había mil 974 personas encarceladas contagiadas de Covid-19 y 180 decesos. Sin embargo, podría haber un subrregistro, afirmó.

Sirvent agregó que a partir de enero de este año las personas en prisión han aumentado, ya que en dicho mes se tenía la cifra de 202 mil 221 y actualmente hay 4 por ciento más.