urante muchos años contribuyeron –no de forma gratuita, desde luego–, pero a institucionalizar e incrementar el saqueo de las arcas nacionales, práctica que alcanzó niveles espeluznantes. Se trata de las denominadas empresas factureras, que se convirtieron en la vía más redituable y segura para que prácticamente todos evadieran al fisco, y ahora donde se aprieta sale pus.

De ahí la necesidad de que el gobierno no afloje el exitoso programa –que comanda Raquel Buenrostro– en contra de esas empresas y sus beneficiarios, cuya aportación al saqueo se estima en alrededor de 350 mil millones de pesos al año. Como meses atrás lo denunció el presidente López Obrador, entre la clientela de las factureras destacan “gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, un servidor público de tercer nivel, un machuchón y muchos empresarios, que maquinaron todo este fraude con influyentismo; todos van a ser requeridos, no hay impunidad. No vamos a encubrir a nadie”.

En un primer corte de caja, por llamarle así, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, detalló, un par de meses atrás, que sólo en el caso de un paquete se demostró el fraude de 43 factureras relacionadas no sólo con empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, sino con la participación de 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR), el erario habría captado 11 mil 396 millones de pesos por el primer concepto y 24 mil 500 millones por el segundo. Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes, están en varias … hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas. En total, de todas estas operaciones simuladas, dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal 2017”, en el penúltimo año del sexenio peñanietista.

Como bien denuncia el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda ( La Jornada, Israel Rodríguez), “funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno forjaron pactos criminales con empresas factureras para incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población y defraudar alrededor de 350 mil millones de pesos anuales. Se coludieron para simular licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de bienes o servicio y realizaron transacciones en el sistema financiero”. Pero no todo fue perfecto, porque en cada uno de esos pasos se fueron dejando evidencias.

A lo largo de esos años las factureras se expandieron como la humedad. ¿Dónde estaban los secretarios de Hacienda y los titulares del SAT?, porque 350 mil millones de pesos no se esconden bajo el colchón.

Romero Aranda explicó que en ocasiones el dinero que fluye a las empresas fantasma provino de dependencias de todos los niveles de gobierno encargados de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, dinero que debió ser estrictamente destinado a satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad y generar un adecuado desarrollo sustentable. Pero siempre dejan huella, incluso los delincuentes más sofisticados. Y van por ellos.

Las rebanadas del pastel

Mauricio Macri, ex presidente argentino, se refugió en Francia y apunta a Suiza (la justicia de su país le pisa los talones por corrupción, saqueo, espionaje ilegal y mucho más); al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (Paraco S.A.) la Suprema Corte de Justicia le decretó prisión domiciliaria (fraude procesal y soborno de testigos que lo vinculan con escuadrones paramilitares de ultraderecha); por corrupción galopante, el rey emérito Juan Carlos de Borbón abandonó España para exiliarse a saber dónde (un paraíso fiscal, por ejemplo, mientras la república vuelve), y muchos neoliberales más están en lista de espera por delitos similares. Entonces, ¿en qué momento México aportará lo suyo?, porque candidatos sobran.

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