emex, orgullo y vanagloria del gobierno priísta de José López Portillo, lo enfrentó al reto, según se ufanaba frívolamente, de que tenemos que administrar la abundancia. Cuatro décadas después, bajo otro gobierno priísta, el de Enrique Peña Nieto (EPN), se pasó a enfrentar una realidad muy distinta, llevándolo a confesar que se acabó la gallina de los huevos de oro, se nos fue secando, al anunciar que el yacimiento petrolero Cantarell que había llegado a producir más de 2 millones de barriles por día sólo estaba produciendo 200 mil barriles.

No sólo se desplomó la producción. Durante el gobierno de EPN respecto al gobierno de Felipe Calderón, las reservas de hidrocarburos se redujeron 20 por ciento, el proceso de crudo en refinerías disminuyó 49 por ciento y la capacidad de producción de petroquímicos 55 por ciento. Se asfixió al Instituto Mexicano del Petróleo y se le colocó como intermediario de multitud de contrataciones por asignación directa a universidades o empresas fantasma que en nada se distinguían a las identificadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Estafa maestra, de la que Rosario Robles es juzgada como débil eslabón, al igual que Emilio Lozoya, de la cadena de corrupción que como pandemia se fue propagando en toda la administración pública, así como para el financiamiento de campañas políticas. Siempre con la autorización, complicidad o instrucción de nivel superior.

El robo hormiga de combustible que apareció desde que nació Pemex devino en una hiedra gigantesca con miles de cabezas operando el mercado huachicol por todo el país. En particular en los estados del centro, donde operan algunos de los principales ductos con mayor diámetro y afluencia de productos, provocando el robo de 56 mil barriles por día con valor de 2 mil 500 millones de dólares en 2018.

Paralelamente, también con premeditación, se impuso una camisa de fuerza contra la operación solvente de Pemex mediante la estrategia de deterioro financiero que empezó desde Jorge Díaz Serrano como su director, cuando se presumía que México disponía de 72 mil millones de hidrocarburos de reservas petroleras probadas que podrían durar 60 años. Pemex, al término del gobierno de EPN con sólo ocho años de reservas probadas de hidrocarburos, registraba un pasivo total superior en 70% al valor total de los activos y una deuda financiera total de 105 mil 792 millones de dólares.

Todos apostaban a que el proyecto privatizador de la reforma energética aprobado por PRI, PAN y PRD, principalmente, abriría puertas a multimillonarios y jugosos negocios como anticipaba el confeti de dinero que se derramó en múltiples espacios legislativos y judiciales, o foros con ropaje académico en instituciones académicas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas. En caso de llegar a un juicio, confiaban en la impunidad, por ser una constante en las sentencias del corrupto sistema judicial mexicano y al apoyo externo, en particular de las esferas gubernamentales de EU, como en su momento lo patentizó Hillary Clinton y las trasnacionales petroleras que cerraban los ojos ante la flagrante corrupción de Pemex y las calificadoras financieras que también se plegaban mediante sus favorables calificaciones a una empresa financieramente en quiebra técnica.

El propósito era que el margen de maniobra del gobierno siguiente resultara tan estrecho que no se pudiera dar marcha atrás. El juicio a Lozoya, reconocido como joven líder global del Foro Económico Mundial en 2012, de quedar reducido a las migajas de soborno que derramó en México Odebrecht o Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México –hoy preso en España–, puede resultar una pifia de prevalecer el olfato y la conseja del abogado Baltasar Garzón de que como testigo protegido y denunciante tendría un escarmiento menor. O bien, abrir la puerta para juzgar además, otros desfalcos y protagonistas y, sobre todo, un juicio emblemático contra la corrupción en México que revele las conexiones y el tejido que se fue bordando para quebrar a Pemex y privatizarlo, desde los más altos niveles del gobierno, incluyendo secretarios de Hacienda y otros directores de la empresa productiva subsidiaria.

* Autor de Corrupción y desafíos en las compras gubernamentales: el caso de Pemex , editorial Plaza y Valdés, 2010.