Mexicali, BC., Que acudan a los juzgados, retó el gobernador Jaime Bonilla, quien aseguró que a la administración que encabeza no le intimida la demanda por 100 millones de dólares por daños y perjuicios que inversionistas extranjeros pretenden presentar por la cancelación de la planta desaladora de agua de mar en el municipio de Playas de Rosarito.

El mandatario morenista señaló que el contrato se rescindió porque lo firmó de manera irresponsable el gobierno anterior, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, del Partido Acción Nacional, con el argumento de que el proyecto iba a solucionar el problema de agua en la entidad, y la actual administración no puede pagar lo especificado en el acuerdo.

Al aprobar el decreto 168, el primero de diciembre de 2017, el Congreso local autorizó que la gestión de Francisco Vega formalizara el contrato con la empresa Aguas de Rosarito. Se especificaba que el gobierno estatal invertiría más de 9 mil millones de pesos en la planta desaladora de Playas de Rosarito, por lo que se obligaba a pagar a la firma 149 millones de pesos cada mes durante 37 años.

Agregó que las desaladoras se necesitan, pero el contrato era abusivo y únicamente alguien con intereses lo pudo firmar. Hicieron con el gobierno pasado un negocio que no resultó.

Luego de negar cualquier vínculo con los inversionistas de Aguas de Rosarito, reconoció que siente por Kiko Vega un desprecio tremendo por lo que le hizo a mi estado, pero no es por eso que cancelamos (el contrato).

Advirtió: En ninguna circunstancia vamos a aceptar un contrato que no beneficie al pueblo; no es que no lleguemos a necesitar el agua, pero no así.

Mientras tanto, el juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación programó para el próximo lunes la primera audiencia entre Aguas de Rosarito y la administración estatal. La intención de la compañía es hacer valer las cláusulas de terminación anticipada de contrato, que obligan al gobierno estatal a pagar la inversión realizada en el proyecto, que se estima en 100 millones de dólares (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos ).

El artículo 124 del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas estatal, aprobada en mayo de 2014, estipula que en caso de terminación por causas no imputables al desarrollador, éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones que demuestre haber realizado, no recuperables y pendientes de amortización.