Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno forjaron pactos criminales con empresas factureras para defraudar a la hacienda pública alrededor de 350 mil millones de pesos anuales, aseguró ayer Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

En el caso de desvío de recursos públicos, se coludieron con funcionarios gubernamentales, simularon licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de bienes o servicio y realizaron transacciones en el sistema financiero, explicó en el contexto de la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En cada uno de esos pasos, aseguró, se fueron dejando evidencias. Por conducto de “esos funcionarios públicos corruptos y facturares se forjaron pactos criminales para incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población”, añadió.

Romero Aranda adelantó que las evidencias se están recabando de manera conjunta entre autoridades federales y estatales, para llevar ante la justicia a quienes han dañado gravemente a este país.

Destacó que las facultades de las autoridades hacendarias son más fuertes que nunca, y recordó que la reforma fiscal que entró en vigor en enero de 2020 permite efectuar acusaciones por delincuencia organizada contra quienes se dedican de manera reiterada o permanente a defraudar al fisco, y ello incluye a seudodespachos que se dedican a planear estrategias de evasión fiscal.

“Quienes recurrieron a las factureras para deducir o acreditar impuestos con notas falsas enfrentarán todo el rigor de la ley si no se regularizan cuanto antes. Además, la norma permite ahora acusar penalmente a las empresas que participaron en esos delitos fiscales, lo cual podría llevar a la disolución de la propia empresa y al embargo de sus bienes.”

Ante el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el procurador detalló que, en ocasiones, el dinero que fluye a las empresas fantasma proviene de dependencias gubernamentales de todos los niveles de gobierno encargadas de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, recursos que debieron ser estrictamente destinados a satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad y generar un adecuado desarrollo sustentable.

Las facturaras se ostentan como grandes despachos que dan asesoría fiscal o estrategias en esa área, se inscribieron ante el RFC, utilizaron a notarios para constituirse, asentaron un domicilio fiscal en el que muchas veces son covachas en terrenos baldíos, emitieron facturas electrónicas o digitales con operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para poder proveer su servicio ilegal.

Todas esas empresas dejaron huella de esas actividades ilícitas, subrayó.

Los evasores fiscales, agregó, siempre dejan huella, incluso los delincuentes más sofisticados. “Todas las herramientas y estrategias utilizadas para consumar un crimen fiscal dejan un rastro que en los procesos penales llamamos evidencia.

Este convenio que firmamos con el gobierno de Chihuahua tiene como propósito recabar todas esas huellas para utilizarlas como evidencia inculpatoria en los procesos penales que se llevarán en contra de los artífices de la evasión fiscal.

En transmisión remota, Arturo Herrera informó que dicho acuerdo de colaboración, el primero en firmarse con una entidad federativa, permitirá que de los asuntos que denuncie el gobierno estatal y los recursos que se recuperen por los litigios que lleve a cabo la PFF serán 100 por ciento participables.

Corral apuntó: Estamos contentos por ser los primeros en firmar este convenio. Vamos a implementar en Chihuahua la nueva reforma penal fiscal para combatir la compraventa de facturas falsas, las empresas fantasma, los prestanombres, la delincuencia organizada y los beneficiarios finales de la evasión fiscal.