Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que se conduzcan al margen del nuevo protocolo para la atención de marchas y protestas, como usar la fuerza de manera excesiva, serán sancionados con arresto de hasta 36 horas, suspensión temporal o destitución del cargo.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC determinará la sanción administrativa que aplicará a los policías cuando incurran en violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.

El órgano interno de la SSC, en su caso, dará vista a la Fiscalía General de Justicia local para que remita el expediente del uniformado a un agente del Ministerio Público, quien determinará la sanción penal.

La dependencia indicó que capacitará a los uniformados que participen en las movilizaciones, en las que el protocolo refiere que hay tipos de resistencia que pudieran adoptar los manifestantes: activa, pasiva o de alta peligrosidad, por lo que no sólo se fortalecerá el entrenamiento físico, sino también la enseñanza sicológica y la actualización de técnicas y tácticas policiales.

El acuerdo, publicado junto con la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos local, considera lo anterior como uno de los siete puntos del nuevo protocolo que regirá la actuación policiaca.

Otros aspectos que deben cumplir los policías son: priorizar la libertad de expresión y manifestación de manera pacífica, aplicar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza en lo que compete al contexto de las movilizaciones sociales.

Asimismo, atender las características particulares con medidas diferenciales especializadas de cada grupo que se movilice, como: origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, preferencia sexual, etcétera.

Privilegia la colaboración

La SSC indicó en un comunicado que el protocolo privilegia la colaboración interinstitucional entre las dependencias que cuentan con atribuciones para atender el tema de las movilizaciones y manifestaciones, y establece el procedimiento para poner a disposición de la autoridad competente a una persona que sea detenida en flagrancia por cometer alguna infracción o delito.

El documento fue actualizado luego de que, el 5 de junio, elementos policiacos patearon en la cara a una adolescente que se manifestaba en las inmediaciones de la representación del gobierno del estado de Jalisco en Polanco.