l llamado Tren Maya, supuestamente aprobado en una consulta, ha sido sujeto a licitaciones, asignación de contratos, cuenta con decreto de asignación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros que, por lo demás, le otorga un año para que presente el proyecto ejecutivo ( DOF, 21/4/20). Es decir, se reconoce que aún no lo tiene y, por tanto, la consulta indígena no contó con información previa sobre el proyecto que dicen aprobó. En ese desorden de fases, también falta la aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (Lgeepa) y cuyo proyecto se presentó el pasado 16 de junio. En el camino, comunidades y organizaciones mayas han expresado su rechazo al megaproyecto que, no hay que olvidar, es más que un tren e incluye un plan de reordenamiento territorial a través de polos de desarrollo, han presentado amparos en trámite y con suspensiones definitivas, pero acotadas.

Importa señalar que una limitante legal a las MIA es que no son socioambientales y en el caso indígena afecta seriamente a su cosmovisión como pueblos en relación con la naturaleza. Así tenemos que, por más que el discurso político de funcionarios ambientales pretenda incluso organizar a los pueblos y consultarlos, ahora sólo lo ambiental, sus facultades, no alcanzan para tales aspiraciones. No sólo eso, tampoco se observa que esta vez sí se consultaría a los pueblos y a sus comunidades, no a los representantes ejidales, municipales u organizaciones mayas con proyectos valiosos como las apícolas.

En ese contexto, ubiquemos la dimensión ambiental, que no es menor, y a la que en estricto sentido tendría que responder la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Bajo el procedimiento que establece la Lgeepa, ya se sometió a consulta pública el proyecto de MIA de Fonatur y se han presentado a la DGIRA una serie de documentos sólidos y bien fundados de observaciones que por sí mismas ameritan un estudio detallado de esa instancia, porque estamos asumiendo que los ha recibido bajo el principio de buena fe y apego estricto a sus facultades. No podemos imaginar que se está buscando el camino para cumplir la previa decisión de aprobar la MIA sólo porque es proyecto prioritario a escala presidencial y, en todo caso, justificar unas condiciones que den luz verde al megaproyecto. Y vaya que me estoy ubicando en el lindero del negacionismo, pues ya se anticipó el juicio sumario de los abajo firmantes para quienes cuestionamos el proyecto junto a los pueblos y organizaciones mayas. Va un antecedente que marcó la línea muy lamentable de descalificación. El 15 de noviembre de 2018, un centenar de académicos nos dirigimos a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, con pleno respeto le solicitamos que no incluyera en la consulta amplia del 24 y 25 de noviembre la construcción del Tren Maya y la del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec. Ofrecimos argumentos, entre otros: que los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios que han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país, que era fundamental no pasar por alto el principio de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que ésta no podía sustituirse con ninguna consulta nacional. Ofrecimos aportar nuestros conocimientos, y la respuesta del Presidente electo fue categórica en entrevista con Carmen Aristegui: éramos simple y despectivamente abajo firmantes. Lo cual se ha repetido y ahora se dice que se están creando mitos. A propósito, entre otras, de las observaciones a la MIA que presentamos 85 científicos y académicos de 15 países, en un amplio análisis riguroso destaca que la propia MIA reconoce un aspecto central: El nivel de peligro por karsticidad en la península de Yucatán es en general muy alto, dado que se encuentra sobre una plataforma carbonatada que por su naturaleza es susceptible a la disolución. El peligro es de nivel 3-4 [alto-severo]; esto se debe a que es un alineamiento paralelo a la traza del cráter de Chicxulub [y] por la densidad de cenotes incrementa su nivel considerablemente (MIA-R, 2020, cap. IV, p. 79).

Vale esperar que con sus facultades se valore el impacto ambiental para la vida de los pueblos. De su resistencia ellos se encargan.