Decenas de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y docentes que prestan sus servicios en entidades públicas solicitaron la protección de la justicia federal para no presentar declaraciones patrimoniales y que sus datos personales sean protegidos.

En tanto, Miguel Olmos Aguilera, secretario general del Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte, denunció que en un hecho sin precedente ahora deben entregar información patrimonial los integrantes de los centros públicos de investigación (CPI) adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aun cuando no tienen personal a cargo ni manejan recursos públicos.

La nueva orden se debe a un cambio en la categoría de profesor-investigador a director de departamento o área y subdirector administrativo.

Según información del Consejo de la Judicatura Federal, los primeros recursos jurídicos en contra de la presentación de declaración patrimonial fueron interpuestos hace casi un mes y en los días recientes se han acumulado más de 50 casos.

Hasta el momento se han concedido suspensiones temporales en tanto se determina de fondo lo relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fijó como primera fecha para que quienes ocupan cargos directivos presenten sus declaraciones el 31 de julio.

En los argumentos para solicitar el amparo se destaca que muchos docentes no ostentan cargos de director, director de área o departamento, como marcan los tabuladores de la administración pública.

En la lista de acuerdos de ayer aparecieron resoluciones jurídicas que involucran más de 30 solicitudes de amparo y en ningún caso se otorgó una suspensión definitiva, es decir, que implique u ordene a la Secretaría de la Función Pública y al Sistema Nacional Anticorrupción que algún docente o grupo de ellos no presente su declaración patrimonial o no deba incluir datos sensibles que pudieran afectar a los involucrados o a sus familiares.

El dirigente Olmos Aguilera explicó a La Jornada que decenas de investigadores de diversos CPI se coordinaron mediante la Coalición de Sindicatos del Ramo38-Conacyt para solicitar un amparo.

Aclaró que no buscan esconder información, porque nunca nos hemos opuesto a la rendición de cuentas, pero su labor científica y académica está perfectamente reglamentada, por lo cual este personal no debe ser clasificado como funcionario público administrativo, dado que cumple tareas totalmente distintas.

Detalló que el criterio para estos cambios es el nivel de ingreso, que en muchos casos oscila entre 45 y 50 mil pesos mensuales.