El Congreso capitalino dio marcha atrás en la intención de desaparecer los juzgados de tutela previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México como mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos y sólo modificó los plazos y procedimientos para su implementación.

El proyecto de dictamen aprobado en comisiones a una iniciativa del diputado Eduardo Santillán, de Morena, establece que a más tardar el 31 de agosto entrarán en operación por lo menos dos juzgados de los 16 que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local debe instalar en las demarcaciones territoriales.

El Legislativo ya había pospuesto mediante una reforma la instalación de los 16 juzgados del primero de enero al 31 de julio, y con esta reforma, al resolver mantenerlos y dado que no se previó una asignación de recursos en el presupuesto, determinó que su implementación sea gradual: dos en agosto y a partir de 2021 el Consejo de la Judicatura deberá instalar anualmente cuatro juzgados en igual número de demarcaciones territoriales, de manera que para 2024 las 16 cuenten con un juzgado como marca la Constitución.

Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que el propósito de su iniciativa era evitar posibles conflictos de competencia con el mecanismo de control constitucional federal, que es el amparo, y con las funciones que corresponden a la Comisión de Derechos Humanos capitalina, pero admitió que en el proceso de análisis, a partir de las observaciones recibidas a la iniciativa y en atención al principio de progresividad en la protección de derechos humanos, se concluyó que no hay incompatibilidad y debe permanecer con los otros mecanismos.

El diputado Ricardo Ruiz, quien no estuvo de acuerdo con la iniciativa desde que se presentó, señaló que la creación de los juzgados de tutela fue un tema central del Constituyente, porque significan revolucionar el sistema jurídico al romper el formalismo del recurso de amparo, que además de ser un negocio para abogados y despachos, pueden tardar en resolver.

Establece un mecanismos sumamente ágil que permite que cualquier persona, ante una violación a sus garantías, pueda interponer un recurso que puede ser oral y no se tiene que estar viendo si reúne o no los requisitos de fondo, de forma, sino simplemente ante la constancia de que hay una violación se tiene que proceder de inmediato, obligar a cualquier instancia de gobierno para que se resuelva y se garanticen su derecho. Agregó que el Congreso deberá estar muy pendiente de quiénes serán los jueces de tutela.

Por tratarse de una reforma a la Constitución, el dictamen sólo podrá aprobarse cuando se reúna el pleno en forma presencial.