a derecha se está radicalizando, sobre todo en América Latina y el Caribe y, por supuesto, en Estados Unidos. Es muy común que realice acciones cada vez más contrarias al imperio de la ley que tanto cacarea. Pero recibe duros contragolpes, como lo verificamos con el 10 por ciento de sus fondos de pensión arrancados por los chilenos al insolente Piñera; los oídos sordos, cuando no indignación, de muy amplios sectores populares mexicanos y argentinos a la feroz campaña –con ribetes claramente golpistas– de los medios e intelectuales de derecha contra los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández; la firmeza y audaces tácticas contra la brutal represión de Trump de quienes protestan en Portland y en otras ciudades. Por no hablar del heroísmo de venezolanos y cubanos ante las crecientes medidas de asfixia del magnate ocupante de la Casa Blanca, dictador de segunda, según Noam Chomsky. En esta perspectiva se inscribe el tremendo parón popular del martes pasado en Bolivia. La Confederación Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, aglutinador de las organizaciones indígenas y campesinas, convocaron a una movilización contra la dictadura de la autoproclamada Jeanine Áñez y dieron un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que anulara su decisión de posponer las elecciones generales hasta el 18 de octubre y restableciera su convocatoria para el 6 de septiembre. De no hacerlo en ese plazo, estallarían una huelga general. Pero en cabildo abierto celebrado en la combativa ciudad de El Alto los participantes en una de las mayores movilizaciones contra el régimen de facto decidieron que la huelga entrara en vigor en ese mismo instante, combinada con ayunos y bloqueo de carreteras.

El TSE, bajo fuerte presión de Áñez y de la ultraderecha, ha venido amparándose en la pandemia para posponer la celebración de los comicios alegando una supuesta preocupación por la salud de los bolivianos. Pero ésta en nada concuerda con la extremadamente ineficaz y corrupta gestión de la enfermedad por el régimen de Áñez, que –junto a otros muchos agravios contra los bolivianos y bolivianas– ha provocado un enorme descontento y rechazo popular a su ejecutoria. Pruebas de ello son no sólo ésta y otras movilizaciones realizadas el martes, como en Cochabamba. También una encuesta en la que 71 por ciento de los consultados se pronuncia por efectuar la elección el 6 de septiembre. Una idea clara de la criminal y desastrosa actitud del gobierno de fuerza ante la pandemia la ofrece el dato de 2 mil 720 fallecidos por Covid-19, y contando, de Bolivia, contra los 87 de Cuba, con aproximadamente la misma población. Si la victoria electoral de Evo Morales hubiese sido respetada, no cabe ninguna duda de que el daño infligido a su país por el coronavirus hubiese sido mucho menor. Y es que desde el primer día en el gobierno Áñez y su pandilla se dedicaron a desmantelar y saquear las empresas públicas y la estructura estatal que hacía posible el alto y sostenido crecimiento de la economía del país andino, revertida en vastos programas sociales que protegían y elevaban constantemente el nivel de vida de los sectores más vulnerables de la población. Hoy esos programas se vienen abajo. Eso sí, en su primera semana de gestión los golpistas desembolsaban 5 millones de dólares para las fuerzas armadas. De la misma manera, han cancelado y obstruido los programas y mecanismos que estimulaban y fortalecían el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las comunidades y pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes y hacían posible su participación e influencia política en las acciones de gobierno. Lo que intentan los golpistas es volver a la república oligárquica, donde sólo una pequeña élite blanca y mestiza de ricos tomaba las decisiones.

La tragedia de la dictadura de Áñez es que sólo puede sostenerse en el poder con el estado de excepción que la pandemia les ha propiciado arreciar. En todas las encuestas se comprueba que la señora carece de apoyo popular y, a la vez, la gran aceptación del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. De modo que de celebrarse elecciones limpias, el partido de Evo Morales y sus candidatos resultarían los grandes ganadores. La otra alternativa que le quedaría a los golpistas para permanecer indefinidamente en el Palacio Quemado, como es su trastornado objetivo, sería llevar a cabo un megafraude electoral que, previsiblemente, el pueblo boliviano rechazaría con acciones muy contundentes.

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