ara poder cerrar la Fundidora Monterrey, en mayo de 1986, como primer paso del neoliberalismo que jibarizó al gobierno y embarneció manos privadas con bienes públicos, la prensa a favor de la nueva expansión capitalista sirvió de manera perversa a sus intereses haciendo ver a los obreros de la firma, responsables, productivos y aguerridos, como individuos entregados a la holganza y la disipación.
Luego de su cierre, el gobierno de Miguel de la Madrid la expropió y la donó al gobierno neoleonés, para beneficio del pueblo, destinándola a ser un pulmón urbano de Monterrey. La historia hay que repetirla, pues los diversos gobiernos, sobre todo los de finales del siglo XX y principios del XXI, con la complicidad del bipartidismo reinante y los organismos empresariales, han ido convirtiendo al Parque Fundidora en campo de negocios privados apelando a sospechosas figuras jurídicas. Mientras, la toxicidad del ambiente citadino ha ido en aumento.
Hace unas semanas se anunció que el Parque Fundidora se cerraba por quiebra, como si fuera un negocio particular. La causa: falta de recursos. El gobierno comprometió al parque a un manejo empresarial, que lo ha depredado a cambio de que sus administradores, con el dinero resultante, financiaran su operación. Luego se hizo saber que dentro del museo de arqueología industrial, que es su vocación natural, se construirían torres habitacionales. Otra vez: como si fuera patrimonio propio y no una intocable superficie pública.
¿Quiénes salieron en defensa de semejante vandalismo de cuello blanco? Los grupos de ex obreros de la antigua Fundidora Monterrey, ambientalistas, académicos, algunos miembros ubicados partidariamente en la izquierda y organizaciones sociales de perfil democrático. Es decir: no fueron los protagonistas empresariales ni los del bipartidismo PRI-PAN y sus satélites ni ciertas aprontadas ONG para defender causas superficiales.
Los defensores se plantaron en sus puertas cerradas y lanzaron una serie de demandas llenas de sentido, con conocimiento de causa y por supuesto viables. Las que haría un estadista.
En primer lugar, exigieron la anulación de los actos jurídicos contrarios al decreto expropiatorio mediante el cual la Federación donó la superficie de la siderúrgica, que así pasó a ser patrimonio público. Exigieron también la revisión de los contratos leoninos en favor de sus administradores y en detrimento de la superficie del parque y su debido mantenimiento y desarrollo. Por ello, pidieron que se le practicara una inmediata y rigurosa auditoría a la administración financiera del Parque Fundidora.
Igualmente señalaron la urgente intervención del Presidente de la República y de las secretarías responsables vinculadas al ambiente; muy particularmente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que intervengan tanto en lo que hace a las atrocidades financieras como a las que se han perpretado y se cometen en contra de la naturaleza y de la comunidad cuya salud depende de ella.
En ese mismo sentido, el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga presentó una iniciativa ante el Congreso del estado para crear la ley de manejo y conservación de los grandes parques y bosques urbanos de Nuevo León. Ésta estuvo apoyada por 175 ciudadanos de variada índole.
Grandes parques y bosques urbanos. Una gran medida de solución a múltiples problemas urbanos; entre otros el de la absorción de fuertes lluvias que convierten todo terreno talado o desertificado y las calles de la ciudad en peligrosos afluentes cuyas aguas producen inundaciones, destrucción y pérdida de vidas. Las zonas donde hay densidad de una flora grande y pequeña sirven de acompañamiento a ríos y arroyos y absorben el agua de las lluvias que llega hasta los mantos freáticos cuyas aguas proveen el consumo diverso de la urbe. Ello no haría pensar en proyectos enormemente caros y fuera de racionalidad en la obtención y suministro del agua, como lo es la proyectada presa Libertad.
Gilberto, Alex, Ingrid, Fernand y ahora Hanna han causado graves daños en el área metropolitana de Monterrey y otros municipios nuevoleoneses. No hay áreas de absorción necesarias para atenuar sus impactos y tornar las lluvias en beneficios. La asfaltada, desarbolada y carente de áreas verdes en una proporción alarmante en la ciudad; a ella se pretenden seguir sumando viviendas para ricos (el proyecto de grandes torres dentro del Parque Fundidora, por ejemplo).
La intervención del gobierno federal es imprescindible, pero no sólo con el fin de enviar recursos para atender las zonas materialmente destruidas, sino con el propósito de evitar que ellos sean administrados con la opacidad acostumbrada a nombre de la libertad y soberanía que ocultan la existencia, como en otros estados, de cacicazgos donde los titulares del Poder Ejecutivo operan en colusión con los grandes empresarios locales.
