La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la totalidad de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua debido a que los diputados locales violaron el proceso para su aprobación.

La medida no beneficia a César Duarte Jáquez, ex gobernador de la entidad, pero sí a alguno de sus coacusados, como el magistrado estatal Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien fue destituido con base en la ley ahora invalidada.

Las irregularidades cometidas por el Congreso de Chihuahua afectan la legitimidad de toda la norma, además, sostuvo el ministro ponente Alberto Pérez Dayán: Constituyen, al juicio del suscrito, una violación al procedimiento legislativo con potencial invalidatorio, que ocasiona una afectación al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas con representación en condiciones de libertad e igualdad.

Aprobación sin análisis

Entre las anomalías cometidas se encuentra que el dictamen se entregó media hora antes de votarlo en el pleno y no estaba programado en el orden del día, por lo que su aprobación se dio sin la debida oportunidad para su estudio y análisis, lo cual no permitió que existiera discusión y verdadero debate sobre el tema, en el que tanto la mayoría como la minoría parlamentaria pudieran expresarse.

Ramírez Alvídrez fue diputado local y secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal en Chihuahua durante el gobierno de Duarte.

Luego fue propuesto por el ex gobernador como magistrado de la primera sala penal, cargo del cual fue desaforado el 28 de febrero de este año.

El magistrado no ha dejado el cargo gracias a un amparo que interpuso ante un juzgado federal.