na de las conductas más lesivas en la vida comunitaria se expresa en la denominada violencia familiar, la cual se refiere a los hechos delictivos que se cometen al interior de nuestra célula social más íntima y sensible, que es la familia; y todo ello, fundamentalmente, en contra de la mujer, de los niños y las niñas.

Estos delitos, que generalmente conducen a lesiones que pueden llegar hasta la misma muerte, implican también humillaciones y ofensas muy graves e injustas hacia las mujeres; como resultado del abuso cobarde y desmesurado que se ejerce en contra de quienes, por amor o por debilidad natural, no pueden defenderse o se encuentran a expensas de quien provee el dinero y los elementos de vida que son indispensables para esas víctimas.

Esas agresiones son todavía más repugnantes cuando se realizan en contra de niños y niñas. Y en tales casos las cometen generalmente los padres, las madres o parientes cercanos, que convierten a esas criaturas en las víctimas más indefensas y frágiles de la brutalidad y la cobardía de quienes utilizan esos hechos incalificables para dar salida a sus frustraciones y a sus aberraciones conductuales absolutamente reprobables.

En el marco jurídico federal, sólo unos cuantos artículos se refieren a esos casos que son tan graves y repetitivos, sancionándolos como leves. Cuando dichas conductas representan todo lo contrario, como lo muestran las estadísticas generales sobre ese delito, que constantemente se vincula con lesiones, ­violaciones y homicidios, mostrando su magnitud y consecuencias.

Las cifras oficiales nos señalan que durante 2019 en nuestro país se cometieron 44 mil 827 homicidios, 208 mil 547 delitos por lesiones, hubo 204 mil 173 denuncias por violencia familiar y 17 mil 141 violaciones. A su vez, las estadísticas indican que 43.9 por ciento de las mujeres en México han sufrido violencia física o sexual, inferida por su pareja. En tanto que, del total de ellas, únicamente 2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución.

En relación con lo anterior, hay que tomar en cuenta que, tanto las mujeres como los niños y las niñas, difícilmente se atreven a denunciar. Y cuando llegan a hacerlo, la presión de su propia supervivencia y sus necesidades afectivas los llevan constantemente a perdonar a sus victimarios; sometiéndose a un dolor permanente que, a su vez, va generando un sedimento de humillación y coraje que habrá de reflejarse en retaliaciones que reproducirán y magnificarán la violencia sufrida.

Este fenómeno de agresividad desmedida, frecuentemente está vinculado con casos de alcoholismo y drogadicción, que propician esos resultados catastróficos en la vida familiar, como consecuencia de la repetición constante de esas conductas aberrantes.

Experiencias profesionales en diferentes ciudades y poblaciones del país, nos han permitido comprobar que estos crímenes abominables se multiplican al llegar cada fin de semana. Cuando la ingestión abusiva de alcohol o de drogas lleva a sus consumidores a perder todo sentido de control y responsabilidad, desatando sus peores compulsiones, cuya brutalidad incontenible llega a producir verdaderas tragedias humanas.

El sometimiento y la indefensión de sus víctimas genera a dichos delincuentes un placer morboso que los incita a producir mayor daño, hasta llegar a provocar la pérdida de la vida. En esa misma dinámica se multiplican también, de manera exponencial, los delitos sexuales, en los cuales la violación de mujeres, niños y niñas se convierte en acciones repetitivas e inevitables para esas víctimas que sufren profundos daños físicos y mentales, que los habrán de marcar de por vida, atrapándolos muchas veces en una vorágine aniquilante de la cual es muy difícil escapar.

Frente a esta situación tan grave, es inadmisible tener que esperar a que se haya cometido algún delito de los señalados, para que sea únicamente la víctima o sus padres los que denuncien. Lo cual es una perspectiva de autoridad y un marco legal totalmente inaceptables; ya que la gran mayoría de esos casos son bien conocidos y previsibles. Y, por ello, deben existir políticas públicas nacionales de prevención que impidan que estos hechos se realicen, facilitando denuncias comunitarias o policiacas que permitan iniciar, de inmediato, los procedimientos de protección y de investigación ministerial y judicial. Puesto que obligar a las víctimas a formular una acusación ante la autoridad como condición ineludible para perseguir ese delito, las lleva, muchas veces, a recibir un mayor castigo por parte de sus verdugos, que siempre tratan de negar o encubrir sus conductas criminales.

Dentro de los proyectos de justicia cívica y legislación penal que tenemos preparados, y que habremos de presentar a la consideración del Senado, estamos incluyendo todos los aspectos de prevención y apoyo a las víctimas de la violencia familiar; principalmente en lo que toca a la protección a mujeres, niños y niñas. Proponiendo, también, procedimientos inmediatos y castigos consecuentes para sus agresores, que deben ser proporcionales al daño que sus delitos hayan causado. Ya que sólo así se podrá recuperar la vida comunitaria, el respeto a la mujer y el futuro de nuestras nuevas generaciones.