12 años de iniciarse su construcción, el proyecto Mitikah, megadesarrollo inmobiliario ubicado en el pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez, en esta capital, se ha convertido en un emblema de los impactos negativos que esta clase de obras generan en el entorno urbano. Los daños ecológicos provocados por la edificación –como la tala ilegal de 80 árboles cometida el año pasado–, el perjuicio a construcciones colindantes por los movimientos del suelo, los intentos de privatización de espacios públicos –como la pretensión de anexar al desarrollo, con diversos pretextos y coartadas, la calle Real de Mayorazgo–, la destrucción de vestigios arqueológicos, la depredación de los recursos hídricos –se calcula que el conjunto consumirá más de 200 mil litros diarios–, el inexorable deterioro de la movilidad en la zona y la alteración del mercado inmobiliario local, que puede desembocar en la expulsión económica de sus habitantes.
De nada han servido las multas millonarias, los exhortos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ni las movilizaciones de los vecinos: en el tiempo transcurrido desde que se inició la obra, Fibra Uno, el consorcio propietario del proyecto, consiguió duplicar el área de construcción originalmente autorizada y ha seguido edificando sin que ninguna autoridad lo impida.
Tales señalamientos salieron a relucir una vez más en la reciente reunión virtual sostenida entre representantes vecinales y de la empresa, en la que los primeros advirtieron que la zona se encuentra en una situación de desastre, debido a los trabajos inconclusos o mal hechos, así como por la duplicidad de proyectos de mitigación efectuados por la alcaldía Benito Juárez, el gobierno capitalino y la propia constructora. En esta indignante circunstancia han confluido, además de la corrupción, la indolencia y el afán desmedido de lucro por parte de los desarrolladores, la obsolescencia de los programas de desarrollo urbano de las diversas demarcaciones.
Es el caso de la demarcación, cuyos planes de desarrollo no han sido actualizados desde 2010, a pesar de que los sismos ocurridos siete años más tarde, habrían debido obligar a su revisión. Debe parar la depredación urbana que provocan desarrollos como Mitikah, no sólo porque degrada las condiciones de vida y la seguridad de los habitantes de la urbe y alientan una irrefrenable especulación inmobiliaria, sino también porque impulsan estilos de vida que resultan insostenibles a mediano plazo –un ejemplo, el uso intensivo del automóvil y el consumo energético inmoderado– y modelos de negocio que parecen tener fecha de caducidad –como los centros comerciales, que si bien entraron en crisis aguda debido a la pandemia de Covid-19, experimentan de tiempo atrás un declive lento, pero sostenido, debido en buena medida al auge del comercio electrónico.
Es imperativo, en suma, que las autoridades urbanas –el gobierno capitalino y la alcaldía referida– apliquen con rigor los reglamentos pertinentes al proyecto mencionado, que la corporación propietaria corrija la actitud tramposa con la que desde un inicio ha emprendido y llevado a cabo la construcción y que se escuche el sentir de los habitantes de la zona.
