La decisión de nombrar a las fuerzas armadas como administradoras de los puertos y aduanas del país es un acto inconstitucional y contraproducente, pues no hay evidencia empírica real de que los militares sean menos corruptos que los funcionarios civiles, además de que si los uniformados se concentran demasiado en la búsqueda de mercancías ilegales, el resto de las operaciones comerciales se vería entorpecido, alertaron activistas y académicos.

Jorge Márquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que hace algunos años se entregó el control de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo a la Secretaría de Marina, lo cual generó un repunte considerable de la violencia, por lo que en la actualidad cabría esperar ese mismo efecto.

De igual forma, el experto en temas de seguridad advirtió que si las fuerzas armadas se dedican de forma excesiva a temas de narcotráfico, y eso se suma a la curva de aprendizaje de sus nuevas labores de administración, entonces se van a entorpecer mucho las operaciones de los puertos, que son gigantescas, justo en el momento en que esperamos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá reactive la economía nacional.

A lo anterior se suma el hecho de que si los militares clasifican sus actividades en aduanas y puertos como temas de seguridad nacional, ello implicará que reserven gran cantidad de información y, por ende, tendremos una administración muy opaca. Cuando el Ejército controla un presupuesto grande, se vuelve un hoyo negro.

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que otorgar nuevas atribuciones a las fuerzas armadas ajenas a la disciplina militar es una nueva violación al artículo 129 constitucional, además de prestarse a que casi toda la información se clasifique y exista elevado grado de opacidad.

Asimismo, indicó el abogado, a mí nada me dice que los militares sean más honestos que los civiles. No hay evidencia empírica que nos permita afirmar que las fuerzas armadas son una institución ajena a la corrupción y a la violación de la ley. Son igualmente corruptos que todos los demás y no los hace más honestos el portar un uniforme con la bandera de México.