El sindicato minero, que preside Napoleón Gómez Urrutia, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reprogramar el plan de rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos, a fin de que los cuerpos sean sacados de la mina carbonífera antes de que concluya el actual gobierno y no dentro de ocho años, como plantea la dependencia.

En conferencia de prensa virtual, los integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, acompañados por dirigentes de United Steelworkers, lamentaron que la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, se preste a quedar bien con Grupo México y asuma sus propuestas, además de presionar a los familiares de los mineros fallecidos para que acepten una indemnización.

Lo que la STPS debe cumplir, advirtió Sergio Beltrán, secretario de actas y conflictos del mencionado sindicato, es la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia antes de que concluya su sexenio y castigar a los responsables del siniestro en la mina de carbón, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, como han exigido las viudas y demás familiares de los 65 mineros que perdieron la vida el 19 de febrero de 2006.

Lo que hay en el fondo es la verdad histórica, y la queremos conocer, no sólo las viudas de los 65 mineros muertos, sino todos los mexicanos, agregó en la conferencia virtual, en la que también participaron el abogado del sindicato, Óscar Alzaga, y Many Armenta, de Steelworkers.

▲ Napoleón Gómez Urrutia, durante la asamblea constitutiva de la Confederación Internacional de Trabajadores, el 13 de febrero de 2019.Foto Marco Peláez

Expuso que es inadmisible que la titular de la STPS haya anunciado que el rescate se realizará por una nueva rampa –en lugar de entrar de forma directa por el túnel abierto–, lo que llevará de cuatro a ocho años, con un costo de 75 millones de pesos.

Resaltó que en 2006 Larrea planteó algo similar y ahora insiste, ya que lleva la perversa intención de sacar todo el carbón primero y seguirlo explotando para hacer turbios negocios, con la excusa o pretexto de que algún día llegarán a encontrar los cuerpos.

Alzaga señaló que es necesario que la STPS transparente la información, que sólo comunicó a las viudas, pero no ha hecho pública. Tiene que explicar, aseguró, por qué optó por un proyecto similar al de Larrea, quien desde la tragedia se opuso a un rescate en el menor tiempo posible y no mostró el menor interés en llegar a los 63 mineros atrapados –dos cuerpos fueron localizados de inmediato– y a los cinco días ordenó concluir los trabajos y darlos por muertos.