Todo personaje involucrado por Emilio Lozoya Austin en actos de corrupción, relacionados con la firma de contratos leoninos que favorecieron a empresas privadas en materia energética y la aprobación de la reforma energética, si es llamado por la Fiscalía General de la República (FGR), deberá comparecer, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Oaxaca, al iniciar una gira de trabajo de tres días, puntualizó que su fuerte no es la venganza: Yo no puedo detener un proceso judicial, esto corresponde a la fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delitos a nadie, no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera.

Ponderó que la FGR haya otorgado a Lozoya la posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal, a Alejandro Gertz Manero.

De las primeras revelaciones de Emilio Lozoya en España, se desprende –dijo el Presidente– que hubo sobornos. “La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos.

Se actuó en varios países, fueron a la cárcel ex presidentes, altos funcionarios públicos y en México se tapó el asunto, es decir, hubo impunidad; pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10 millones 500 mil dólares.

Trama de dos sexenios

Al preguntarle si sería preciso llamar a comparecer a Enrique Peña Nieto, respondió:

Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos cuando menos, dos sexenios, porque no sólo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón; o sea, son procesos que se complementan. Entonces, todos.

El Presidente adujo que todo esto sirve de contexto y “sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes, porque una cosa son los 10 millones 500 mil dólares y otro asunto es –también vinculado a este manejo ilegal– lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética.

Sin duda se usó dinero con ese propósito, porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el Pacto por México, que resultó ser ‘Pacto contra México’, era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México; planta que estaba convertida en chatarra y que se sabe se pagaron 200 millones de dólares de sobreprecio. Es un gran fraude. Nada más esa compra de la planta significó una pérdida para el erario de alrededor de 500 millones de dólares”.

También consideró que, sin violar el debido proceso,es un asunto que amerita que se atienda a fondo, se terminen las declaraciones y se informe al pueblo para que la gente conozca toda la verdad. La transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto.

La postura presidencial redundó en que se llame a declarar a todos los implicados, limpiar por completo de corrupción el país y no sólo que se castigue a los responsables, sino, lo que he venido diciendo, que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta en una práctica común, aceptada, en una costumbre; por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México, que es el principal problema de nuestro país.