Con un retraso que impedirá su aplicación en el proceso electoral 2020-2021, se aprobó ayer por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De esta manera se abre la posibilidad de anular elecciones o procedimientos de participación ciudadana cuando se acredite la existencia de dicha conducta, por lo que se establece el procedimiento especial sancionador en cuanto a faltas cometidas dentro y fuera de los comicios e incorpora mecanismos de reparación integral y no repetición.

Obliga, además, a los partidos políticos a elaborar protocolos para prevenir, erradicar y atender la violencia política contra las mujeres, documento que será requisito con el cual los institutos políticos deberán mantener su representación ante el Instituto Electoral.

Al exponer el dictamen en la sesión extraordinaria virtual del pleno, la diputada Paula Soto Maldonado, de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, admitió que la reforma será inaplicable en el próximo proceso electoral por las posturas que impidieron un procedimiento terso y ágil.

Las inconformidades se argumentaron porque la iniciativa se excedía respecto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, tras pretender limitar las facultades del Legislativo local de reforzar y complementar en los ordenamientos dicha reforma.

Dejaron a muchas mujeres a la espera de un periodo electivo más para que los efectos reales de la reforma que hoy se somete ante el pleno se reflejen de manera efectiva,

La citada reforma a diversos ordenamientos federales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la de Partidos Políticos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dispuso la obligación de los Congresos estatales de armonizar su legislación y el plazo límite para la Ciudad de México venció el pasado 30 de mayo.

La Constitución de la República impide reformar la legislación electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral, el cual está programado para arrancar en septiembre.

El también diputado de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, dijo que más allá de que hubo legisladores que obstaculizaron el proceso de dictaminación para que la reforma saliera en tiempo, la omisión es con cargo al Congreso.

Aludió al caso de Coyoacán en la pasada elección, donde a pesar de que el Tribunal Electoral acreditó plenamente violencia política de género en contra de la entonces candidata de su partido, María Rojo Incháustegui, el caso quedó impune porque la misma autoridad resolvió que no había sanción específica para el tema.