e tiempo atrás, el presidente López Obrador anunció que presentaría una reforma integral al sistema de pensiones, con el fin de atender la miserable situación de millones de jubilados y el perfil de quienes, en un futuro, estarían en tal situación, sin olvidar que a estas alturas sólo tres de cada 10 mexicanos en edad y condición de laborar tienen acceso a ese derecho.

Suficiente resultó el planteamiento del tabasqueño (durante su campaña electoral, si no falla mi memoria) para que los barones de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) sudaran frío y se pusieran a temblar, porque intuían que la meta era estatizar el sistema nacional de pensiones; es decir, cancelar el lucrativo negocio (con el sello pinochetista) que 23 años atrás les armó Ernesto Zedillo durante su inquilinaje en Los Pinos (la gran solución social al México moderno de hoy, un sistema moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, cacareaba este cínico personaje).

Pero AMLO no dio ese paso. Se limitó a intentar mejorar el perfil de las jubilaciones, por lo que de inmediato se escucharon las fanfarrias de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Bancos de (en) México, quienes, tras largos meses de sudoroso sufrimiento, ayer celebraron que su jugoso negocio –cada vez más concentrado– con dinero ajeno será intocado.

Sin duda, el modelo pensionario mexicano es una bomba de tiempo y el nuevo proyecto de reforma no la desactiva. En el mejor de los casos, retrasa el estallido. Por ejemplo, entre las mejoras que se proponen está la de incrementar la tasa de ahorro obligatorio, un aumento gradual para alcanzar la meta en un plazo no mayor a ocho años, y sería asumido por la parte privada, sin costo fiscal para el Estado, aunque de todos es conocido y padecido que una de las especialidades de la patronal es, precisamente, evadir esa responsabilidad legal (y muchas más, desde luego).

Pero bueno, de acuerdo con la información gubernamental, “las acciones (…) resultarán en un incremento promedio de 42 por ciento de la pensión que alcancen los trabajadores; esta reforma se construyó con el consenso de los tres sectores (trabajadores, patrones y Estado) a favor de un aumento significativo al monto económico que tendrán acceso los trabajadores. Las tres acciones principales son: el aumento en las aportaciones para el retiro; la disminución del requisito de número de semanas de cotización para alcanzar el derecho, y el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada”.

La aportación total para el retiro –detalla tal información– crecería paulatinamente de 6.5 a 15 por ciento del salario; la contribución patronal se incrementaría de 5.15 a 13.875 por ciento. La del Estado, actualmente de 0.225 por ciento del salario más una cuota social, se modificará con un aumento significativo a los trabajadores que ingresen hasta el equivalente a cuatro veces la unidad de medida y actualización. De esta forma, se genera un estímulo para la formalización del empleo, situación que es particularmente preocupante en los niveles de menores ingresos.

Además, propone reducir de mil 250 semanas de cotización (equivalentes a 25 años) a 750 (15 años) el requisito para obtener una pensión garantizada; posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a mil semanas. Esta acción es particularmente relevante dada la situación que prevalece en el mercado laboral, caracterizada por una elevada incidencia de informalidad.

Así, dice, la pensión pasaría de –promedio actual– 3 mil 289 a 4 mil 345 pesos, que se otorgará en función de edad, semanas cotizadas y salario base, pudiendo llegar hasta 220 por ciento del salario mínimo vigente.

Las rebanadas del pastel

Entonces, en dinero contante y sonante, ¿cuál sería el aumento promedio en la digna pensión? Mil 56 pesos mensuales, monto que no invita a pensar que con la reforma se resolverá el problema. ¿O sí?

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