El pasado 10 de julio un habitante de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en el estado de Jalisco, fue detenido de forma arbitraria y luego torturado por elementos de la policía municipal de Villa Guerrero –incluido el propio titular de ese organismo–, como parte de una serie de agresiones que grupos de terratenientes han cometido desde hace varios años en contra de los pobladores para apoderarse de sus recursos naturales.

Así lo denunció Carlos Chávez, miembro de la Misión Civil de Observación de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quien indicó que aunque el pueblo cuenta con un título de propiedad emitido en la época del virreinato, el Estado mexicano ha dilatado el reconocimiento legal de sus tierras, que hoy ascienden a poco más de 38 mil hectáreas, lo cual ha sido aprovechado por grupos de particulares para tratar de disputarlas.

El activista explicó en charla con La Jornada que en la agresión del pasado 10 de julio, el comunero detenido sufrió actos de tortura a manos del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Villa Guerrero, Fernando Gutiérrez González, en un episodio en el cual participaron abiertamente varios policías uniformados que se llevaron al campesino en una camioneta sin distintivos oficiales, delante de muchos testigos.

La mencionada agresión, indicó Chávez, no fue un acto aislado, sino que forma parte de una larga serie de actos intimidatorios, por los cuales los habitantes de San Lorenzo Azqueltán han puesto un total de 27 denuncias penales, por actos que van desde daños en propiedad ajena, hasta intentos de secuestro y desaparición, y cuyo objetivo es amedrentar a los lugareños para hacerse del control de sus recursos naturales.