Violencia política de género, presupuesto de egresos, gasto participativo y terapias de reconversión, entre ellas
Miércoles 22 de julio de 2020, p. 29
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino aprobó realizar un periodo extraordinario virtual este viernes, a fin de someter a votación del pleno las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, presupuesto participativo, estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia y sobre las terapias de reconversión.
A la propuesta que Morena anunció la semana pasada con cinco puntos, se retiró un dictamen sobre reformas al Código Civil en materia registral y un punto para crear el comité de ética parlamentaria, y agregó el dictamen sobre reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al Presupuesto de Egresos de 2020 para que los recursos del presupuesto participativo de este año se apliquen en 2021, debido a que la pandemia de Covid-19 impide realizar las más de mil 700 asambleas ciudadanas para elegir a los comités de ejecución y vigilancia que aplicarán los recursos.
Morena había retirado también el dictamen que contiene las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero el vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó reincorporarla en la reunión de ayer.
Explicó que las reglas que se fijó el Congreso para las sesiones virtuales impiden someter a votación del pleno reformas a la Constitución Política local y a leyes constitucionales con esa modalidad, por lo que había dudas respecto de la legalidad de aprobar el dictamen en el extraordinario, pero se aclaró que la restricción aplica sólo para las normas relativas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Con esta reforma se instituirá en la ley la estructura orgánica de la fiscalía que opera desde el 5 de mayo por acuerdo de la fiscal Ernestina Godoy, en la que se crearon las coordinaciones generales de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de Delitos de Género y Atención a Víctimas, además de permitir que se inicien los procesos para designar a los fiscales especializados en asuntos complejos, anticorrupción y delitos electorales.