La reducción en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) constituye una grave violación a los derechos humanos y violenta el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los programas presupuestarios dirigidos a promover la igualdad son irreductibles, denunció la red feminista Nosotras Tenemos Otros Datos.

En un conversatorio digital, demandó que la Cámara de Diputados convoque a las legisladoras integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva y de la Comisión de Igualdad de Género para que exijan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que deje sin efecto las modificaciones al presupuesto y libere los recursos.

Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, recordó que el pasado 15 de julio, la Junta de Gobierno del Inmujeres aprobó una reducción presupuestal de 75 por ciento para gastos operativos, más de 151 millones de pesos, derivado del decreto de austeridad publicado el 23 de abril. Además, la SHCP reservó 460.2 millones de pesos del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas y de los cuales dependen los programas de institutos estatales y municipales.

Señaló que dichas medidas también violan el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que mandata que toda modificación debe ser presentada para su aprobación por parte de Hacienda, a la Cámara de Diputados, y–añadió– atenta incluso contra el propio decreto de austeridad.

En este contexto, Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal por Morena, invitada al conversatorio, se pronunció porque la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, comparezca para que explique cuál es el estado que guarda el anexo 13 del presupuesto y las afectaciones que se van a generar con el recorte de 75 por ciento.

Cynthia López Castro, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, mencionó que actualmente el Inmujeres sólo dispone de 18 por ciento del presupuesto para pagar salarios de los trabajadores y un poquitito más. Muchas de las instancias que operaban con sicólogos y abogados, que se costeaban con esos recursos, quedan totalmente abandonados.

Añadió que en el presupuesto federal de 2020, de los 83 programas con enfoque de género, 26 de ellos sufrieron recortes.