En los servicios médico forenses de Morelos hay más de 500 cuerpos sin identificar, mientras la fiscal especial en desaparición forzada de esa entidad, Zaira Janet Lulo Juan, se ha negado a reunirse con los familiares de personas desaparecidas, por lo que éstos exigieron su renuncia.

En conferencia difundida por redes sociales, representantes de estas organizaciones e integrantes del Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas denunciaron que aunque la fiscalía general de la entidad le ha dado instrucciones a la fiscal especial para atender sus demandas, desde hace tres años no los ha recibido.

Por la misma razón, también pidieron la renuncia de Sebastián Nava como coordinador de los servicios forenses del estado.

Expusieron que Morelos no cuenta con una ley estatal para la atención de estos casos, y sólo se creó una comisión por decreto, la cual, sin embargo, trabaja con la mitad de sus integrantes y sin un presupuesto asignado.

Edith Hernández, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado, afirmó que la pandemia de Covid-19 no puede ser pretexto para incumplir con los acuerdos.

Señalaron que ante esta situación es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de la fosas clandestinas encontradas en el panteón de Jojutla, donde hasta 2017 se habían encontrado 85 cuerpos.

Señalaron que no hay avances en la investigación del caso Jojutla, y que ni funcionarios del servicio forense, fiscales, o trabajadores de la municipalidad han sido imputados penalmente por las graves irregularidades encontradas.

Por ello pidieron que la fiscalía de Morelos ya no inhume más cuerpos hasta que se realice su completa identificación y que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación le brinde seguimiento al caso de Jojutla.