La llamada verdad histórica por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa se ha venido desmoronando. Hoy hay mayores pruebas contra la versión oficial presentada en el sexenio pasado en torno a la desaparición de los 43 normalistas, enfatizó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Durante muchos años quisieron crear la falsa idea de que se tenía un resultado en las investigaciones para esclarecer este caso. Pero la verdad es que se ha venido desmoronando la hipótesis de la mal llamada verdad histórica. Tenemos cada día evidencias más sólidas de que la situación no fue como la relataron, que no han sido castigados de manera puntual muchos de los autores materiales ni los responsables de haber fabricado una verdad histórica que no se corresponde con los hechos.

En una entrevista con el periodista Jenaro Villamil para el Sistema Público de Radiodifusión, Encinas –quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa– indicó que como parte de los nuevos trabajos se han considerado otras diligencias que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en su momento no dimensionó.

Como las primeras indagatorias que hizo la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que abarcaron los 10 días después de los hechos y que no fueron tomadas en cuenta en la investigación de la PGR.

Explicó que esto se dio quizá porque hubo diferendos entre la autoridad estatal y la federal, pero en mucho tiene que obedecer a la consigna que se dio por tratar de dar carpetazo, crear una verdad histórica y pretender que con ello se iba a cerrar el caso de manera definitiva.

Encinas destacó que con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estableció otra forma de abordar el caso, a la que se han sumado la participación de los familiares de las víctimas, organizaciones civiles e instancias internacionales. Esto porque para la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la indagatoria no avanzaba y el caso particular de la búsqueda de los 43 estudiantes estaba totalmente cancelada.

Además, agregó que se dio un acuerdo entre la Presidencia de la República, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal para crear un grupo de judicialización, el cual permitirá conducir todos los procesos judiciales que se deriven de la nueva ronda de pesquisas, con el fin de dar mayor solvencia al esclarecimiento del caso.

Con esto se tratará de evitar que jueces liberen a implicados, como pasó con Ángel Casarrubias, El Mochomo, que tras un hecho de corrupción se le había dejado en libertad. O el caso del juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos, quien rechazó otorgar 46 órdenes de aprehensión a solicitud de la FGR, que ha dictado 14 sentencias contrarias al avance del esclarecimiento de esos hechos y ha liberado a más de medio centenar de involucrados en el caso.

Ayer, Encinas encabezó además la primera sesión ordinaria del año del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, en la cual aprobó por unanimidad la elección de Rosario Cárdenas Elizalde como presidenta de dicho organismo y de Esperanza Delgado como secretaria ejecutiva. En el acto participó Gabriela Rodríguez, titular del Conapo, y se trabajaron los temas referentes al desarrollo de la Ley General de Población y el programa nacional de población.