esulta de una desmemoria mayúscula pretender la defensa e incluso el elogio del aparato de organización antes llamado Instituto Federal Electoral (IFE) y, luego de 2014, Instituto Nacional Electoral (INE).

Exagerado consumidor de recursos públicos, con una estructura operativa que, más allá del brillo de algunos de sus consejeros ciudadanos, permitió la convalidación de procesos oscuros o abiertamente adulterados, el IFE nació en 1990 como respuesta de la administración de Carlos Salinas Gortari a las acusaciones de fraude en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de un frente cuyo núcleo fue de ex priístas e izquierdistas. El primer presidente del IFE fue el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, maestro político de Manlio Fabio Beltrones.

En 1996, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León en plan de modernizar mediante una despriízación (él estableció la sana distancia entre la Presidencia de la República y el PRI), el IFE dejó de ser presidido por el secretario de Gobernación en turno, que era el mexiquense Emilio Chuayffet, para dar paso a un ciudadano con antecedentes de participación en organizaciones sindicales y partidistas de izquierda, Isaac José Woldenberg Kara­kowsky, a quien sucedió en 2003 Luis Carlos Ugalde (impulsado por la profesora Elba Esther Gordillo), el responsable histórico del fraude electoral de 2006, con Felipe Calderón Hinojosa como beneficiario.

Luego de Ugalde, quedó por unos meses Andrés Albo y, por un lapso de más de cinco años, Leonardo Valdés Zurita, a quien correspondió cerrar los ojos ante el cúmulo de irregularidades cometidas por la mafia política que con carretadas de dinero se hizo de la Presidencia de la República para que Enrique Peña Nieto la utilizara como mecanismo de retribución económica y política a esa suerte de sindicato político del crimen que le llevó a Los Pinos.

En 2014, como respuesta a ese evidente deterioro del que ya era llamado Instituto del Fraude Electoral, se realizó una reforma constitucional que amplió facultades a un nuevo órgano que se denominó Instituto Nacional Electoral, presidido por un académico especializado en asuntos electorales y relacionado políticamente con ciertos segmentos de izquierda, Lorenzo Córdova Vianello, a quien tocó dar por válida la victoria arrolladora de Andrés Manuel López Obrador y una amplia plantilla de candidatos a puestos de elección popular, en una final en la que el partido en el poder, el PRI, se allanó con rapidez para ser el primero en reconocer el triunfo del tabasqueño y evitar cualquier turbulencia.

El INE, los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus instancias locales, constituyen una embrollada red de intereses operativos, condensados en sus cúpulas y extendidos a su burocracia, que requiere correcciones a fondo, en sintonía con la aplastante aspiración de cambio expresada en las urnas en 2018.

Sería una contradicción e incluso un golpe al sentido del mandato recibido en ese 2018 el que Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, se obstinara en mantener vigentes los estilos, compromisos e intereses de esa clase electoral tradicional en la definición de cuatro asientos en el consejo general del INE.

Basta revisar el origen de los principales apoyos a las cuatro quintetas emitidas por un comité de evaluación de aspirantes, con la postura en contra de John Ackerman, para confirmar que no se está en presencia de heroicas batallas por la democracia o gestas cívicas en pro de la autonomía del INE, sino de una búsqueda facciosa de dar continuidad a un modelo de organización electoral que requiere mejoría profunda y no reciclamientos perniciosos.

Aún quedan horas para que la mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro se decidan a ir en sintonía con sus electores, demandantes de cambios profundos en la forma de constituir los poderes públicos. ¡Hasta mañana!

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