La recuperación de los cuerpos de los 63 mineros sepultados por un derrumbe hace 14 años en la mina carbonífera Pasta de Conchos puede realizarse en un lapso muchísimo menor al de ocho años que plantea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), advirtió Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate del Sindicato Minero en febrero del 2006, cuando se dio el siniestro.

Expuso que estuvieron cerca de llegar a los cuerpos, pero el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, en complicidad con el gobierno del panista Vicente Fox, decidieron suspender los trabajos cinco días después de la explosión, cuando dieron por muertos a los trabajadores en Coahuila.

Grupo México nunca ha querido que se saquen los cuerpos, porque se demostrará que el siniestro se debió a las pésimas medidas de seguridad y se le podría responsabilizar por crimen industrial, puntualizó. “Larrea debe estar muy satisfecho con este rescate que anunció la STyPS y que podrá llevar hasta ocho años, con un costo muy similar al que él planteó en 2006, de 75 millones de dólares.

El ingeniero Acosta intentó, dos años después del accidente, un rescate independiente y, a fin de reunir evidencias, junto con trabajadores, dos viudas y un fotógrafo, bajaron a la mina y confirmaron, que eran falsos los argumentos de la empresa, de que podría haber un derrumbe y gases venenosos. Estuvieron dos horas con 20 minutos dentro de la mina, bajamos hasta mil 500 metros hacia dentro y 250 metros de profundidad, llevamos aparatos y nunca marcaron que hubiera gas metano y el oxígeno se mantuvo en 20.8 por ciento, que es la atmósfera perfecta.

Además, tomaron 196 fotografías dentro de la mina, pero fueron desalojados por el Ejército y la mina fue cerrada y sellada,

Desde entonces, junto con un grupo de viudas, desesperadas por que se haga justicia, Acosta ha insistido en que se reanuden los trabajos de rescate. Ante el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se haría justicia y los restos de los 65 mineros serían sacados, cooperó, explica, con los expertos chinos, estadunidenses , alemanes y australianos, que envió el año pasado la Secretaría del Trabajo a Pasta de Conchos. Él y las viudas, explicó, entregaron las 196 fotografías, documentos y evidencias con que cuentan, los acompañaron a una visita de campo a la mina y los cuatro grupos de expertos determinaron que es posible el rescate y recomendaron un estudio geológico.

El problema, aludió, es que la STyPS le encomendó ese trabajo al Servicio Geológico Nacional, al que en 2006 el gobierno panista le encargó un estudio similar del que nunca se dieron a conocer los resultados, ya que dentro de ese organismo tienen influencia las empresas mineras.

A su juicio, la dependencia que encabeza Luisa Alcalde Luján debió tomar en cuenta también a técnicos y rescatistas nacionales, quienes conocen bien la situación y saben que es posible entrar a rescatar los cuerpos por el mismo túnel de la mina en menos tiempo de que están previendo, en vez de optar por construir desde el exterior una rampa descendente que se introduce en los mantos de carbón y se construyen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos.

Por ello, declaró, la secretaría planteó a las viudas que el rescate llevará tantos años y un costo altísimo, pero no ha explicado públicamente por qué tomó tal decisión que llena de angustia a los familiares de los mineros fallecidos, además de permitir que Grupo México siga en la impunidad, al igual que las autoridades que avalaron que la mina se clausurara a los pocos días del siniestro cuando aún podían estar con vida los trabajadores.