En México, una gran cantidad de casos de desaparición no se resuelven a pesar de que se haya detenido a presuntos responsables, debido en cierta medida a que no existen leyes de beneficio por colaboración eficaz (BCE), mediante las cuales los imputados puedan tener algún incentivo para dar la información que tienen sobre el paradero de las víctimas.

Así lo indicaron activistas, abogados y familiares de personas desaparecidas, quienes señalaron que es necesario abrir un debate amplio para discutir la posibilidad de crear una norma de estas características en el país, aunque implique reducir la sentencia de criminales, con tal de que se puedan encontrar a las víctimas de este delito y sus seres queridos obtengan un poquito de paz.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que aunque los beneficios por colaboración existen para responsables de delincuencia organizada, en el caso de desaparición no hay esa posibilidad porque la ley en la materia lo prohíbe expresamente.

Una de las razones por las que las autoridades judiciales no utilicen la negociación con criminales en casos de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con el abogado, es que se sigue usando la tortura contra los detenidos para obtener información de diversos tipos, sin considerar que este hecho puede ser utilizado por la defensa de los acusados para obtener su libertad.

“El sistema penal mexicano no ha sido construido sobre la base de la colaboración eficaz para aprovecharse de la información que la delincuencia tenga, a través de premios a cambio de datos, sino en la represión y en la ‘confianza’ de que el Ministerio Público los va a obtener con tortura, como vimos en Ayotzinapa”, señaló.

Por lo anterior, Idheas propone una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la cual se abre la posibilidad de que el responsable de un acto de desaparición pueda obtener alguna rebaja en su condena –nunca anularla–, siempre y cuando la información que aporte sirva para acusar a otros criminales con un cargo más alto o ayude a evitar que el delito continúe.

Por su parte, el abogado Ronald Gamarra Hernández, ex procurador de Perú en los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Barrios Altos y La Cantuta –los cuales llevaron al encarcelamiento del ex presidente Alberto Fujimori–, destacó el papel que pueden jugar las leyes de BCE para resolver casos de desaparición.

Todo está en función de su utilidad. Aquí nadie quiere perdonar a nadie; el asunto es que, como estamos, tampoco vamos a descubrir nada. Es eso o conceder algún nivel de reducción de pena (a los responsables de la desaparición) para romper el estancamiento de los casos. ¿Eso significa conceder determinados beneficios a violadores de derechos humanos? Sí, nada es gratis, puntualizó.

Araceli Salcedo Jiménez, fundadora del colectivo Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba, admitió que aunque el tema es muy controversial, dado que muchas víctimas consideran que con los BCE se premia a delincuentes, a final de cuentas serviría de mucho, porque muchas de nosotras estamos desgastadas, enfermas. Se nos está yendo la vida y lo único que queremos es que nos digan dónde están nuestros se-res queridos.