Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía y director del Issste durante el gobierno de Carlos Salinas, operó de manera personal en México, las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptara la extradición, siguiendo tras su detención en febrero, la estrategia trazada por el jurista español Baltasar Garzón y el ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros, indicaron colaboradores de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Las fuentes revelaron que desde la segunda quincena de diciembre los representantes de Lozoya Austin, principalmente su padre, y personas cercanas al abogado Javier Coello Trejo, entablaron el diálogo y fueron ofreciendo información al Ministerio Público a condición de que se otorgaran beneficios al ex director de Pemex, en ese entonces prófugo de la justicia mexicana y buscado por Interpol en más de 190 naciones. Los entrevistados –quienes solicitaron el anónimato por ser cercanos a la agenda de los encargados de las áreas jurídica, de ingreso y vigilancia de la FGR– refirieron que los encuentros se efectuaron en la institución ministerial, en Insurgentes Centro 20, en la Ciudad de México.

En las reuniones participaron funcionarios de primer nivel de la FGR, como el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, y el encargado del área que dirigió la conclusión de la investigación del caso Odebrecht y la denuncia presentada por la compra de Agronitrogenados.

Sobre el caso Odebrecht, durante la gestión de Alberto Elías Beltrán, la entonces PGR se negó a llegar a un acuerdo reparatorio con la constructora brasileña, que ofreció pagar otros 10.5 millones de dólares como reparación del daño al Estado mexicano, y a cambio no se sancionara a nadie por los casos corrupción, incluyendo a Lozoya.

Luego del cambio de administración federal y la llegada de Gertz, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex titular de la SEIDF, impulsó el caso, obtuvo las últimas declaraciones de involucrados en los sobornos por parte de los representantes de Odebrecht y las constancias financieras del caso que existían en Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, y las integró al expediente con el cual se libró la orden de captura por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La posición inicial fue no aceptar acuerdos reparatorios, sino sancionar a los implicados, aunque entre ellos no estarían los representantes de Odebrecht, por así establecerlo los convenios firmados con el gobierno brasileño para obtener las declaraciones de los integrantes de la constructora sudamericana.

Luego se presentó, por la representación jurídica de Pemex, una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la adquisición de Agronitrogenados.

En cuanto a Odebrecht, en la carpeta de investigación que se consignó ante un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, Lozoya aceptó sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht y a cambio le otorgó un contrato directo por mil 436 millones 398 mil 637 pesos para obras en la refinería de Tula en 2013.

Se menciona en la investigación que Lozoya Austin solicitó dinero a Odebrecht para la campaña presidencial de 2012 y para apoyar a candidatos a gubernaturas en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

De los más de 2 millones de dólares que supuestamente obtuvo Lozoya del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, por haber impulsado que Pemex adquiriera Agronitrogenados, con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares, destinó 185 mil dólares para cubrir los impuestos correspondientes a la escrituración de una residencia que se ubica en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con costo de 1.9 millones de dólares, y cuya operación involucró a su esposa Marielle Helene Heckes.

Para las operaciones consideradas ilegales por el gobierno mexicano, se involucraron Innovation Research, una compañía fachada de la constructora brasileña, las empresas offshore (Latin America Asia Holding y Tochos Holding Limited), creadas por Emilio Lozoya y de las cuales se colocó como beneficiaria a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin. De esas cuentas se dispersaron los sobornos entregados al ex director de Pemex, de acuerdo con las investigaciones ministeriales. Con esas bases se libraron los mandamientos judiciales en contra de Emilio Lozoya, su madre, su esposa y su hermana.

Los funcionarios consultados refieren que los representantes del ex director de Pemex ya han hecho llegar información a la FGR que serviría para iniciar carpetas de investigación por corrupción contra políticos y ex funcionarios, y por ello se llegó a un acuerdo que abre la posibilidad de disminuir la pena que podría alcanzar el ex funcionario, o aun que el Ministerio Público Federal se desista de la acción penal en su contra, de las imputaciones contra su hermana y su esposa, siempre que acepte ser testigo colaborador de la FGR y comparezca en cada proceso que se inicie.

Emilio Lozoya, en tanto, permanece detenido y custodiado en el hospital Ángeles del Pedregal. Supuestamente es atendido de anemia, debilidad corporal y problemas en el esófago.