Profundizar en la fiscalización de los recursos que manejan los partidos políticos para evitar la llegada de dinero del crimen organizado a las campañas, el uso de nuevas tecnologías para abaratar la organización de las elecciones y reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) son algunas propuestas que presentaron aspirantes a consejeras.

Durante las entrevistas que tuvieron con el comité técnico de evaluación –cuyo integrante John Ackerman fue uno de los más incisivos– las candidatas también respondieron a los señalamientos en su contra.

Así, Eunice Rendón, ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció que es prima del consejero Ciro Murayama, pero estimó que eso no la inhabilita para ser parte del consejo general del INE, ya que tiene su propia trayectoria. Criticó a su familiar por haber estado en pugnas políticas. Como consejero eso no es lo ideal y debe estar al margen de peleas, subrayó.

A la pregunta de Ackerman en torno a si hubo irregularidades en el otorgamiento de recursos públicos a organizaciones de migrantes como Juntos Podemos, promovida por la panista Josefina Vázquez Mota, respondió que hubo procesos no claros en el ámbito administrativo y de cómo se bajaron los dineros, pero éstos fueron otorgados por los consulados y no por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, del que fue directiva.

Ana Lilia Pérez Mendoza, quien ha sido funcionaria del INE por tres décadas, resaltó que frente a las críticas al organismo electoral desde el gobierno federal, es necesario que el instituto sea autocrítico para reconocer lo que se ha hecho mal e identificar qué se le requiere con esos señalamientos.

Carla Humphrey, ex consejera de la Ciudad de México, estimó que el reto de la fiscalización a los partidos se encuentra en lo que éstos no informan, por lo que debe revisarse el origen y destino de sus recursos para que quien llegue a cargos de elección popular lo haga sin dineros ilícitos. Para reducir el presupuesto del INE, planteó el uso de nuevas tecnologías en diversas etapas de la organización de los comicios.

Rechazó militar en Acción Nacional y estimó que los señalamientos de que forma parte de ese partido se deben a un vínculo matrimonial que ya terminó.

Jessica Rojas, consejera electoral en el estado de México y señalada de operadora política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó pertenecer a alguna fuerza política. Defendió la legalidad de la relección de Edmundo Jacobo Molina como secretario general ejecutivo para una nueva gestión en el INE, pues la propuesta de mantenerlo en el cargo vino del consejero presidente con apego a sus facultades. Se preguntó qué se hubiera hecho si se nombra a quien no tuviera experiencia para organizar las elecciones en el contexto de la pandemia.

Miriam Hinojosa Dieck, consejera en Nuevo León, reconoció que en su juventud perteneció al PRI, pero expuso que ya en su vida adulta como funcionaria no ha sido proclive a lo que no sea la legalidad. Por lo demás, dijo no ver ningún problema en que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado que será guardián de las elecciones.

Norma de la Cruz Magaña, participante en misiones de observación comicial, señaló que siempre ha habido tensiones entre el gobierno y los organismos electorales, aunque ahora han tenido mayor visibilidad. Sobre las expresiones del mandatario, expuso que todos debemos ser guardianes y garantes de los procesos electorales.