n los primeros minutos de ayer, Emilio Lozoya Austin regresó a México en calidad de detenido, tras las órdenes de aprehensión giradas en su contra por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht. Pero no durmió en el Reclusorio Norte, como estaba previsto, sino en una comodísima cama de un hospital de lujo, por presentar (versión oficial) un cuadro de anemia y problemas sensibles en el esófago, así como debilidad general en toda su salud.

Es el viejo truco de la súbita enfermedad, recurrentemente utilizado en casos judiciales que involucran a personajes de gran calado político, y el de Lozoya no es la excepción, pues posee información estratégica sobre la corrupción en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y su primer círculo, en Petróleos Mexicanos –en donde todos metían la mano–, los sucios negocios a costillas de la ex paraestatal (como los contratos a Odebrecht, los astilleros gallegos y el pactado con el mafioso Alonso Ancira, también encarcelado en España, entre tantos otros), el huachicoleo y las presuntas coimas pagadas a legisladores para que rápidamente aprobaran la reforma energética. Y todo ello es sólo una muestra de lo que puede aportar a cambio de ver reducida su condena o, incluso, prisión domiciliaria.

Es entendible que, por tratarse de un peso pesado que puede cimbrar al mundillo de la política mexicana, la Fiscalía General de la República intente mantener a Lozoya alejado de los presos de a pie (algo similar sucedió con Elba Esther Gordillo, quien durante su cautiverio vivió en la zona médica del penal de Tepepan y de vez en vez se escapaba a hospitales de lujo so pretexto de problemas de salud).

Cuando la lerda autoridad judicial por fin giró orden de aprehensión en su contra (5 de julio de 2019), Lozoya acumulaba varias semanas de cómoda estancia fuera del país, siempre con la presunción de que nunca pisará la cárcel (Javier Coello Trejo dixit). Pero el 12 de febrero de 2020, en Málaga, la policía española lo aprehendió y enchiqueró. Cinco meses después está de regreso en México, y, aunque ahora se encuentre en una suite de lujoso hospital, tarde que temprano enfrentará el juicio.

Al ex director de Pemex lo acusan de varios delitos, pero nadie ha tocado un asunto por demás relevante: su responsabilidad (daño a la nación) en el desastre que dejó en la empresa productiva del Estado, algo que, por lo demás, debería hacerse extensivo a otros directores, especialmente en los tres últimos sexenios (Fox, Borolas y Peña Nieto).

Con Lozoya en la dirección general, ¿qué sucedió en Pemex? El desastre, porque más allá de la ostentosa corrupción que promovió y de la que se benefició (no sólo él, desde luego), su herencia fue un interminable inventario de números rojos productivos, financieros y administrativos. Entre otras gracias, desmanteló a la petrolera mexicana sin que el consejo de administración chistara (Luis Videgaray llevaba la batuta); el pasivo total resultó 52 por ciento superior al activo total, para consolidar la quiebra técnica; por primera vez en cuatro décadas, México importó petróleo crudo (un millón 400 mil barriles); la producción petrolera se desplomó 12 por ciento y 8 por ciento la exportación de crudo.

Además, redujo 10 por ciento la producción interna de petrolíferos y 22 por ciento la de petroquímicos; la producción interna de gasolinas cayó 11 por ciento y la de diésel 8 por ciento (para cubrir la demanda interna cada día se importó más), y la deuda financiera consolidada total de la empresa productiva del Estado se incrementó la friolera de 90 por ciento.

Un mes antes de abandonar Pemex, Lozoya dejó la siguiente cuenta: la empresa del Estado registró la mayor pérdida financiera en un año (713 mil millones de pesos), la menor producción de crudo en un cuarto de siglo y el desplome (25 por ciento) de las reservas probadas del país.

Pero esa masacre no forma parte del expediente judicial contra Lozoya y sus vampiros.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, ayer el barril mexicano de exportación se vendió a 37.27 dólares.

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