La Paz., El ex presidente de Bolivia Evo Morales denunció esta semana una estrategia judicial del gobierno golpista de Jeanine Áñez para ilegalizar su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sacar de la contienda electoral a su candidato Luis Arce, favorito en los sondeos para los comicios del 6 de septiembre.

“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato @LuchoXBolivia y al MAS e impedir nuestra participación electoral”, tuiteó Morales desde su refugio en Argentina, donde radica desde diciembre tras dimitir un mes antes.

El gobierno acusa a Morales de estar involucrado en un millonario escándalo por una compra, en mayo y con sobreprecio, de respiradores españoles para pacientes con coronavirus, en una operación realizada durante la gestión de Áñez, quien se postula a la elección.

Una pesquisa policial estableció supuestos llamados telefónicos entre uno de los implicados en el caso y Morales, así como con los ex ministros Gabriela Montaño (Salud), quien está en Argentina, y Carlos Romero (Interior), quien estuvo cinco meses en la cárcel y el martes pasó a detención domiciliaria. El régimen penitenciario no permite que los presos tengan celular.

La pesquisa fue dirigida por el coronel Iván Rojas, director de una fuerza policial anticrimen, quien fue investigado a su vez por la estatal Unidad de Investigaciones Financieras por movimientos sospechosos en su cuenta bancaria.

El actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, quien respaldó a Rojas en la rueda de prensa, afirmó que tras esos llamados telefónicos se estableció que el caso de los respiradores se trata una conspiración contra el gobierno.

El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, pidió a la fiscalía investigar a Morales y a sus colaboradores.

Por otra parte, el gerente de una gestora pública (que administra fondos de pensiones), Sergio Flores, acusó a Arce de haber comprado con sobreprecio un software para esa institución cuando era ministro de Economía de Morales.

Se encontraron, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos, dijo Flores este miércoles a la televisión estatal.

El MAS niega la acusación del gobierno y la considera un recurso para ocultar sus propios actos de corrupción y que las pesquisas judiciales pretenden inhabilitar a su candidato.