Hacia un país libre de glifosato

Hace 70 años, en los laboratorios de la farmacéutica Cilag, el químico suizo Henri Martin halló una sustancia capaz de inhibir enzimas que intervienen en la biosíntesis de aminoácidos esenciales, los cuales, al ya no estar presentes en el proceso biológico, provocan que la planta deje de crecer y muera.

El hallazgo quedo en el olvido por más de 20 años, pero en la década de los 70, fue retomado por el científico estadounidense John Franz, quien le encontró potencial como herbicida; el descubrimiento fue patentado por Monsanto y utilizado, por primera vez, en Malasia en las plantaciones de caucho y en los sembradíos de trigo en Reino Unido.

De manera paulatina, se fue posicionando de tal manera que hoy en día es el herbicida más utilizado en todo el mundo y del cual se han producido más de ocho millones de toneladas en los pasados 30 años, según datos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Con el paso del tiempo, en Argentina, uno de los lugares del mundo donde esta sustancia se utiliza en grandes cantidades, principalmente en los cultivos de soya transgénica, Andrés Carrasco, biólogo molecular y embriólogo, dio a conocer, tras realizar un estudio en anfibios expuestos al plaguicida, que había disminuido su tamaño embrionario, presentaban alteraciones cefálicas, reducción de ojos y oídos y pérdida de células neuronales primarias, y que había la posibilidad de que estos efectos se traspolaran a los seres humanos.

A partir de esa información dada a conocer en 2009, se ha debatido ampliamente sobre la seguridad en el uso del glifosato en las actividades agrícolas y la pertinencia de su utilización, pues incluso se le ha considerado como un factor de riesgo de cáncer.

'Una ruta para la desglifotización '

En noviembre pasado, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la importación de mil toneladas de glifosato utilizando como argumento el principio precautorio, por considerar que es un producto potencialmente tóxico para la salud humana y el medio ambiente.

Dicho principio establece que las medidas tomadas para prevenir riesgos de ocurrencia de daños graves e irreversibles a la salud humana y al medio ambiente y se queda en espera de “elementos e información científica contundente que garantice que el uso de este herbicida no afecta o vulnera ningún derecho fundamental” además de garantizar que no haya daños al medio ambiente.

La medida responde a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018 en la que se evalúan los efectos adversos de plaguicidas altamente peligrosos y se toman acciones para reducir su aplicación.

A propósito de las medidas tomadas, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizo un foro en el que participaron especialistas en la materia. En este marco, Adelita San Vicente, directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de la Semarnat, explicó que se está implementando una ruta crítica para la eliminación del uso del glifosato en todo el país en 2024.

San Vicente destacó, además de esta prohibición, la cancelación de alrededor de 80 registros de plaguicidas a partir de glifosato por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la implementación de una campaña informativa para el cese del uso del herbicida, y subrayó que se debe trabajar en la elaboración de una ley para el uso de los plaguicidas y una reconversión hacia el sistema agroecológico.

Preguntas pendientes

En el marco del foro ¿Por qué México se suma a la prohibición del glifosato?, Emmanuel González, de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco señaló que hay voces que pretenden acallar hechos como que el herbicida es cancerígeno y ha impactado en la industria apícola nacional, reduciéndola en un 50 por ciento.

Si bien celebró el inicio de la ruta crítica, González planteó que hay varias preguntas en la materia para el gobierno mexicano en el sentido de si hay capacidad para monitorear la comercialización y distribución del glifosato en el país; cuantificar su uso en la actividad agrícola nacional; cuantificar su presencia en la cadena alimentaria, capacidad para detectar los agrotóxicos en la población, legislar el uso de plaguicidas en general; implementar alternativas; brindar atención médica a quienes se expongan a los agrotóxicos y prohibir el uso de los mismos.

Por su parte, Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, recordó que un sinfín de organizaciones campesinas se han visto afectadas por la presencia a la deriva de glifosato en sus productos. Es decir, el herbicida que se usa en otras áreas de cultivo, llega a los suyos por medio del aire o el agua.

Por lo tanto, considero que la transformación del sistema alimentario debe tomar en cuenta otras alternativas y apoyarse en una transición agroecológica basada en el conocimiento de los campesinos, tomando en cuenta muchas voces y alejándose de una visión de la producción industrializada en la que se privilegian los alimentos procesados.

Recordó que aún están pendientes la garantía del derecho a conocer las formas de producción de los alimentos y a si se utilizan o no plaguicidas en los ciclos agrícolas, como ya ocurre en otras partes del mundo y la ratificación del Convenio de Escazú por parte del Estado mexicano.

Dicho acuerdo tiene el objetivo de garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información sobre medio ambiente de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

El acuerdo define al derecho de acceso a la información ambiental como la posibilidad de solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita; ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; y ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho.

Desde hace años, apicultores de Hopelchén, Campeche, y otras regiones de la península de Yucatán, han entablado múltiples batallas en contra de la presencia de cultivos de soya transgénica en las inmediaciones de sus comunidades, debido a la disminución de la población de abejas en la zona, como consecuencia de los efectos del químico utilizado para evitar plagas en los cultivos; la presencia del herbicida en la miel recolectada, situación que les impide su exportación a los mercados internacionales, y la filtración del glifosato en los mantos acuíferos de la zona, poniéndose en riesgo su salud y la conservación del medio ambiente. •