Santiago. Hace más de 30 años las advertencias de un puñado de especialistas acerca del destino fatal que esperaba al sistema privado de pensiones chileno fueron una prédica en el desierto: no sólo estaban literalmente solos en el discurso y sin acceso a los grandes medios, sino que el tema nunca fue prioridad para la política, hasta que la evidencia de jubilaciones miserables hizo crisis en las calles.

A mediados de 2016 cientos de miles marcharon reiteradamente por diversas ciudades de Chile bajo la consigna No+AFP (acrónimo de Administradoras de Fondos de Pensiones), uno de los símbolos del abuso, el agobio y la desesperación que millones sienten y que finalmente explotaron en el gran estallido social de octubre de 2019.

Cuando a mediados de semana la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar que cada persona retire hasta 10 por ciento de sus ahorros para paliar el desempleo y la pobreza secuelas del Covid-19, en realidad dio la primera palada del sepulcro del sistema, expresión del neoliberalismo pinochetista.

Marco Kremerman, economista de la Universidad Católica de Chile, máster en políticas del trabajo y relaciones laborales de la Universitá de Bologna (Italia) e investigador de la Fundación Sol en temas de desigualdad, salarios, seguridad social y educación, pertenece a una nueva generación de expertos que consistentemente desarrollaron una crítica ácida.

En pandemia y estado de emergencia se evidencia la necesidad de discutir este extraño modelo que tienen Chile y países como México, El Salvador y República Dominicana. El debate se politiza y las personas descubren que fue construido en dictadura, que no fue cambiado en democracia, que entrega muy bajas pensiones y que es imposible que un sistema de cuentas individuales brinde seguridad social. Lo que más temen sus defensores no es al retiro del 10 por ciento, sino que después de 40 años se constata que el sistema fracasó, no cumple el objetivo básico, que es pagar pensiones suficientes, explica.

–¿Es esa la mayor expresión del fracaso?

–En 2019, 50 por ciento de pensiones que se pagaron estaban por debajo de 150 mil pesos (180 dólares, aproximadamente) o sea, menos de la mitad del salario mínimo (400). Esas pensiones suben 20 mil o 30 mil pesos por los aportes del Estado, pero están, en la mayoría, bajo la línea de pobreza. El sistema no puede seguir funcionando. No va a resultar, aunque aumente la tasa de cotización, porque cae la rentabilidad década tras década. Ni siquiera la compensa. Por tanto, no tiene solución.

–Se mencionan los periodos en los cuales no se cotiza y los bajos salarios para explicar las bajas pensiones. ¿Se le puede atribuir a eso el fracaso del sistema?

–De ninguna manera. El fracaso del sistema es su estructura. Cada año ingresan a las AFP, por cotizaciones y comisiones, unos 10 mil millones; sin embargo, pagan 4 mil 700 millones en pensiones. Si hubiera una lógica moderna de reparto, con reservas técnicas para enfrentar los cambios demográficos, las pensiones podrían ser del doble. Es cierto que en Chile hay bajos salarios y lagunas previsionales, pero incluso quienes cotizaron toda su vida laboral, 35 años o más y se jubilaron en mayo, la mitad sacará menos de 242 mil pesos, versus el salario mínimo de 320 mil 500; o sea, aunque se cotice suficiente, tampoco se entregan tasas de reemplazo adecuadas.

–¿Considera irreversible la sustitución del sistema?

–El gobierno puede recurrir al veto. Esto apenas empieza. Pero más importante es el hito político, porque un gobierno no puede estar totalmente desconectado de lo que pide la población. Si la mayoría de las personas considera que tiene que haber como opción el retiro de sus fondos, porque no recibe ayuda, sería muy extraño que se cierre a esta discusión. Puede provocar una escalada mayor en el conflicto.

Este sistema está condenado por construcción. Países que privatizaron sus pensiones en Europa del Este y América, Bolivia, Argentina y Ecuador, regresaron al público. Acá la crisis está activando cambiarlo, porque no es de seguridad social, sino de incertidumbre individual. Pero no puede haber movilizaciones sociales porque hay cuarentena, estado de excepción y toque de queda. Los militares están en las calles, hay una agenda de criminalización y militarización que podría impedir que esos cambios se lleven a cabo.