arias organizaciones públicas y privadas de Uruguay acordaron en 2003 dedicar el día 26 de septiembre a reflexionar sobre un problema muy grave y poco atendido: el embarazo de adolescentes. A la iniciativa se sumaron luego numerosos países y hoy abundan los estudios sobre las consecuencias síquicas, sociales, sanitarias y físicas que padecen las jóvenes, sus hijos y sus familias.

Aunque del problema se ocupan varias instancias oficiales en cada país y los organismos internacionales de la salud, la educación y los derechos humanos, la realidad es alarmante en dicho campo: alrededor de 10 por ciento de los bebés que nacen en el mundo provienen de mujeres cuya edad oscila entre los 13 y los 19 años. Buena parte de esas jóvenes madres pertenecen a familias de escasos recursos. Se estima que otros 3 millones recurren al aborto y no pocas mueren o quedan estériles por recurrir a procedimientos inseguros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la necesidad de que cada país adopte políticas para reducir esos embarazos y los matrimonios de quienes no cumplen 18 años. Deben incluir no penalizar el aborto de adolescentes, el uso de preservativos y programas educativos y sociales dirigidos especialmente a los segmentos más pobres. Y considerar el tema dentro de los derechos humanos.

En México atiende el problema el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), de la Secretaría de Gobernación. Desde el año pasado ese grupo ha mejorado su radio de acción. El reto es gigantesco, pues el país cuenta con más de 22 millones de adolescentes cuya edad fluctúa entre 10 y 19 años. Según cifras oficiales, en 2015 nacieron 11 mil niñas y niños cuyas madres tenían entre 10 y 14 años y pudieron ser víctimas de violencia sexual. En 2018, por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, fueron casi 71 los nacimientos. Por ello, entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes. También ese sitio en América Latina en violencia sexual, relaciones sin protección o matrimonios forzados.

Los datos anteriores muestran cómo no bastan las campañas de las instancias oficiales sobre educación sexual y uso de métodos anticonceptivos en los sistemas escolar y de salud pública, por ejemplo. A ellas se han opuesto las iglesias y grupos ultraconservadores. También ha fallado el entorno familiar donde las jóvenes sufren discriminación. En varias entidades de la República el problema es agudo, como en Guerrero, Coahuila, Chiapas, Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Y ninguna dedica recursos suficientes para evitarlo y reducir sus efectos.

De disminuir todo lo posible el embarazo de niñas y adolescentes se ocupan también organizaciones de la sociedad civil. Una es Canales de Ayuda, fundación creada por don Fernando Canales y su familia, con 50 años trabajando en Chiapas a través del hospital San Carlos, en Altamirano. Atiende mayoritariamente a población indígena de ese municipio y de Ocosingo, Oxchuc y Sitalá (www.canalesdeayuda.org.mx). El personal médico y de servicio se comunica con los pacientes en sus lenguas nativas, respetando su cosmovisión, tradiciones y costumbres. Ha sido exitosa su labor para reducir la tuberculosis.

Ahora tiene otro proyecto en la mira dentro de su programa Ciencia al Servicio de la Salud, para ayudar a las comunidades indígenas con alta incidencia de embarazo adolescente. Lo coordina con el Instituto Nacional de Perinatología (Inper). En dicha entidad el embarazo de madres adolescentes supera la media nacional. En 2018, hubo 23 mil 696 nacimientos en mujeres menores de 18 años. Y 60 por ciento se localizó en poblaciones con situación socioeconómica baja.

El proyecto cubriría a una población cercana a 365 mil habitantes y descansa en tres pilares: prevenir los embarazos con programas modernos y eficaces dirigidos a los adolescentes y a sus familias; atender debidamente a las mujeres que van a dar a luz y a los recién nacidos. Y dar respaldo a las madres adolescentes y a sus hijos de tal forma que no sean víctimas de discriminación social y familiar. Darle vida al proyecto de Canales de Ayuda requiere recursos y personal capacitado. Ello puede subsanarse con apoyo de los sectores público y privado. Se aprovecharía así la infraestructura y la experiencia que la fundación tiene en Chiapas y permitiría hacer más con menos.