La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incumplió su obligación constitucional de presentar –en junio– el informe parcial de la Cuenta Pública del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un oficio dirigido a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, justificó que sus inspecciones fueron suspendidas desde marzo debido a la pandemia.

En el documento, el auditor David Colmenares Páramo precisó que también están suspendidas las auditorías al gasto federalizado y que algunos procesos los lleva de manera virtual, pero ha cancelado la revisión física de facturas, contratos y confronta de información con el gobierno federal, estados y municipios.

Indicó que el informe, con una revisión al gasto público de 2019 que incluía 168 auditorías, se presentará a la Cámara en octubre –en el plazo del segunda entrega parcial– si la evolución de la situación sanitaria lo permite.

El 26 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la ASF, con la finalidad de justificar que no se podía cumplir el plazo de 30 de junio para el primer informe parcial.

“La emergencia sanitaria y las estrategias para su atención han derivado en la suspensión de los actos formales inherentes al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019, si bien en términos operativos las actividades han continuado (…) con el uso de tecnologías de la información de que dispone la ASF”, señaló Colmenareo.

No obstante, en el oficio reconoció que hay limitaciones jurídicas para formalizar el trabajo de fiscalización, lo cual ha afectado el desarrollo normal del proceso, ya que no han permitido notificar y abrir las auditorías que estaban pendientes antes del inicio de la suspensión, la notificación de resultados y el cierre formal de auditorías.

Además, explicó que la cuenta 2019 fue entregada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 30 de abril, cuando ya estaba vigente la suspensión de plazos y términos legales en la ASF, y que debido a ello “no ha sido posible la formalización de algunas auditorías, cuya apertura está pendiente, ni la entrega de resultados (…), por lo que no es posible la integración de los informes individuales de revisión del gasto”.

Los acuerdos para la suspensión de plazos aplican para auditorías en todo el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, el Congreso de la Unión, los órganos autónomos y los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otros.

La ASF reportó a los diputados que se avanza en el trabajo de supervisión y tiene listos requerimientos de información adicional a los gobiernos federal y de los estados, que serán entregados en el primer día hábil siguiente al término de la suspensión de actividades.