La emergencia sanitaria en México por Covid-19 ha colocado a decenas de miles de migrantes en peligro; sin embargo, las acciones y omisiones del Estado mexicano en la materia se suman a este riesgo y vulneran los derechos de casi 100 mil personas migrantes y solicitantes de asilo, sostienen académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En el informe Propuesta de rutas alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del Covid-19, presentado este jueves por el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, se señala que a pesar de las acciones paliativas recientemente anunciadas por el gobierno, la autoridad migratoria ha sido omisa en garantizar condiciones adecuadas de atención a los migrantes que son detenidos en México, y en prevenir el riesgo de contagio.

El informe indica que en México hay unos 100 mil migrantes en riesgo ante la pandemia, entre ciudadanos mexicanos y centroamericanos que han sido deportados de Estados Unidos, personas detenidas por las autoridades migratorias mexicanas y solicitantes de asilo que están esperando la resolución de sus casos en diferentes partes de México.

En algunos casos, las autoridades mexicanas han repatriado a migrantes presentes en el país sin que existan condiciones para ello, por el cierre de fronteras, o los han forzado a desplazarse en México con el propósito de encontrar un camino informal hacia sus países de origen. Y aunque existe el riesgo de un brote de Covid-19 entre esa población, las autoridades locales, estatales y de salubridad podrían coordinarse con funcionarios federales con el fin de asegurar condiciones de atención, pero no lo han hecho.

Las organizaciones firmantes del informe demandan la aplicaciòn de un programa que atienda las necesidades de migrantes y solicitantes de asilo.

Al presentar el documento en una videoconferencia, Soraya Vázquez, de la organización Al otro lado Tijuana, y Diana Martínez, de la Coalición Internacional contra la Detención, señalaron que la pandemia ha dejado a los migrantes en una situación de abandono de parte de las autoridades, con infinitas necesidades y ningún programa institucional que las atienda.

Jorge Romero, de OXFAM México, señaló que las medidas propuestas no implican que el Estado mexicano tenga una política radicalmente distinta a la que ya existe. En el papel, en México se protegen los derechos, lo que estamos pidiendo es que se cumpla.