omo en tantos otros sectores privatizados por los neoliberales, la tan cacareada modernización y apertura del sector energético sólo fue un jugoso negocio para las empresas privadas –trasnacionales, especialmente– con cargo al erario; y a lo largo del presente gobierno se ha documentado que los indudables avances que en esta materia presumía la administración peñanietista se traducen en otro asalto a la nación.

Desde el inicio de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que gracias a la reforma energética peñanietista la producción petrolera en México cayó a niveles no vistos en 44 años, por lo cual nuestro país se vio en la penosa necesidad de importar crudo por primera vez desde 1974. Además, los consorcios privados participantes en el área prometieron inversiones por 200 mil millones de dólares (Pedro Joaquín Coldwell dixit) y, en los hechos, a duras penas llegaron a 800 millones; es decir, 0.4 por ciento de lo ofrecido.

Después se destapó la cloaca de los consorcios privados que, según esto, ganaron las licitaciones para construir gasoductos; siete de los cuales quedaron inconclusos o simplemente no entraron en operación, pero de cualquier suerte –amparados en contratos leoninos firmados por anteriores directores de la Comisión Federal de Electricidad– la hoy empresa productiva del Estado estaba obligada a pagarles un alquiler (las compañías cobraban sin dar el servicio comprometido), lo que implicaba el permanente saqueo.

Pero hay mucho más. El pasado martes, el Presidente denunció que el grueso de los contratos de compra de energía eléctrica a los productores privados es fraudulento, y se procederá contra los responsables de permitir el subsidio a los empresarios favorecidos en el sector; se trata de un fraude a la nación del cual se tiene un cálculo del daño al erario y se conocen los nombres de los funcionarios involucrados.

De cereza, ninguno de los organismos autónomos –supuestamente dedicados por ley a evitar ese tipo de transas– abrió la boca, pero hoy están muy preocupados y activos, porque el gobierno quiere cambiar las reglas del juego; es decir, quiere evitar el atraco a la nación que tales instancias debieron haber hecho desde el principio.

En la mañanera de ayer, el primer mandatario insistió: “estos contratos fraudulentos vienen de tiempo atrás. Fueron contratos pantalla, porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compraría a las empresas particulares, pero nada más era pantalla, faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa y se les tenía que pagar más. Esto se repitió durante mucho tiempo, antes y después de la llamada ‘reforma’ energética”.

Se trata, estableció, de un fraude a la hacienda pública y se preparan las denuncias en contra de los responsables; deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios dela CFE y a los dueños, accionistas de estas empresas. Empleados de la comisión, consejos de administración, si ellos dieron estas autorizaciones, y los que resulten responsables. ¿Y los organismos autónomos? Sí participaron; avalaron este tipo de fraude.

Supuestamente el subsidio otorgado era para los consumidores, pero en realidad se les entregaba a estas empresas, lo que no sucede en ningún país del mundo. Subsidio por pagarles altas tarifas, por no cobrarles el costo de distribución de la energía eléctrica, por el uso de las líneas de transmisión y porque se les permitía que, aunque no entregaran 100 por ciento de la energía, sino, digamos, 40 por ciento, se les pagaba todo. De ese tamaño son los beneficios de los gobiernos neoliberales y la reforma energética.

Las rebanadas del pastel: contra viento y marea los paisanos que laboran en otras naciones no dejan de apoyar a sus familias y al país: en mayo las remesas sumaron 3 mil 379 millones de dólares,18 por ciento más que en abril. En los primeros cinco meses de 2020, el saldo es de 15 mil 537 millones, 10.4 por ciento mayor que en igual lapso de 2019.

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