Madrid. Emilio Lozoya Austin se convirtió en prófugo de la justicia en mayo de 2019, cuando se acumulaban en su contra incontables indicios y pruebas de supuestos actos de corrupción durante su gestión al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado 13 de febrero, cuando llevaba casi nueve meses en paradero desconocido, fue localizado y detenido en una urbanización de magnates llamada La Zagaleta, en la provincia de Málaga. Cuando la policía le marcó el alto, después de haber sido sometido a un estrecho control de vigilancia ante el temor de que se diera a la fuga, intentó engañar a los agentes idenficándose como Jonathan Solís, para lo que incluso presentó una licencia de manejo expedida por el gobierno de la Ciudad de México.

Ese día, un jueves por la tarde, Lozoya fue trasladado por primera vez a un calabozo de la policía española, en la localidad de Marbella, donde permaneció dos noches y desde donde el juez de la Audiencia Nacional que estaba de guardia aquel día, Ismael Moreno, le informó de la orden de aprehensión internacional girada en su contra por la Interpol, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). De aquel día son las únicas imágenes en las que aparece Lozoya esposado y custodiado permanentemente por policías españoles.

Después de que el juez acordó su prisión incondicional hasta que se resolviera la petición de extradición hecha por las autoridades mexicanas, el ex director de Pemex fue trasladado a la prisión de Alhaurín de la Torre, en Andalucía, conocida por sus altos índices de criminalidad y porque se habían registrado varios episiodios violentos en los últimos meses. Dos semanas después, el 3 de marzo, se ordenó su traslado al Centro Penitenciario Madrid IV, situado en la localidad de Navalcarnero.

Al poco tiempo de llegar a esa cárcel, que se eligió en función de la proximidad con la Audiencia Nacional, donde se decidiría su proceso, estalló en España y en el resto del mundo la pandemia del Covid-19, lo que no sólo lo obligó a vivir confinado desde la propia cárcel, sino que además le impidió recibir visitas durante más de dos meses, incluida la de sus abogados, por lo que su proceso de paralizó, igual que el resto.