De los 142 detenidos por su presunta participación en el caso Ayotzinapa, 78 debieron ser liberados luego de que se demostró su inocencia o se comprobaron fallas en el debido proceso, incluidas acusaciones de tortura y detenciones ilegales, según un recuento de la Secretaría de Gobernación (SG)

El grupo más numeroso de excarcelados fue el de 24 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, así como presuntos integrantes de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Bélicos, en septiembre pasado, debido a que un juez federal consideró que no había pruebas suficientes para sustentar un juicio en su contra.

Agentes ministeriales, elementos de la Marina y militares han sido acusados de recurrir a la coacción y la tortura para obtener confesiones por este caso.

Días antes, por una razón similar, fue liberado Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, se refirió así a los fallos judiciales que han permitido dichas liberaciones: estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia del país, ya que alientan el silencio, la complicidad y la impunidad.