Desde sus primeras investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desestimó la llamada verdad histórica.

A lo largo de sus casi 15 meses de trabajo, este grupo –constituido mediante un convenio entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– documentó una serie de evidencias que echaban abajo la versión oficial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que apuntaba a la ejecución e incineración de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el basurero de Cocula, Guerrero.

En su primer informe, presentado en septiembre de 2015, el grupo dio a conocer un peritaje realizado por el experto peruano en ciencias del fuego José Torero, quien acudió al vertedero de residuos el 12 de junio de 2015, y concluyó que una calcinación de ese calibre es científicamente imposible. Lo argumentó con varios cálculos, como el que para incinerar 43 cuerpos a la intemperie se hubiese requerido usar 30 mil kilos de madera o más de 13 mil llantas durante casi 60 horas continuas.

Las pruebas

Otro elemento, presentado en abril de 2016, fue un video en el cual se observa al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –hoy prófugo de la justicia–, durante una diligencia fuera de norma en el río San Juan, de Cocula, acompañado de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos involucrados en los crímenes. La versión oficial de las autoridades federales apuntaba a que en ese lugar se hallaron bolsas con restos humanos calcinados.

El GIEI también demostró que en los expedientes de la PGR se prescindió de consignar hechos y elementos probatorios, e insistió en la necesidad de abrir una línea de investigación sobre el trasiego de drogas desde Iguala a Chicago en autobuses modificados y cargados, y la posible colusión con autoridades, entre otros elementos que contradijeron la llamada verdad histórica.

La CIDH designó a los cinco expertos el 16 de enero de 2015 y estuvieron en México hasta el 30 de abril de 2016, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso ampliar el periodo para que siguieran con sus indagatorias.