El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a la Cooperativa Cruz Azul contra el congelamiento de sus cuentas bancarias que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El recurso lo promovió Omar Sánchez Romero, en su carácter de representante legal de dicha empresa, quien solicitó la suspensión contra el bloqueo, inmovilización y suspensión de operaciones de las cuentas bancarias.

En los resolutivos que radican en el expediente 594/2020, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del juzgado séptimo administrativo, argumentó que la Dirección General de la UIF presentó los documentos que acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias corresponde a la cooperación y colaboración internacional con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En su momento, la juez señaló que no era dable conceder la medida cautelar solicitada, pues tal como se ha venido sosteniendo, sería afectar el interés social y contravenir disposiciones de orden público. Razón por la cual, este órgano jurisdiccional considera que debe privilegiarse la afectación al interés social y al orden público porque, como ya se mencionó, de concederse la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, se generaría un mayor daño al orden público y al interés social, que el perjuicio que resentiría ésta de no obtener a su favor tal medida cautelar, siendo que la preservación del orden público e interés de la sociedad están por encima del interés particular que se pueda afectar.