l 26 de mayo, cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sufrieron graves heridas y fueron despojados de su armamento al ser atacados con piedras y palos por talamontes y unos 40 habitantes del Ajusco. La agresión tuvo lugar durante un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el cual se confiscó una camioneta con 3.5 toneladas de madera. Los atacantes recuperaron la camioneta y la madera.
La Guardia Nacional y equipo antimotines rescataron a los policías y los llevaron al hospital. Uno, Juan Prisciliano, murió por los golpes recibidos. Las autoridades citadinas dijeron que la muerte de Juan, las heridas ocasionadas a los otros agentes y el delito de talar en área natural protegida, no quedarían impunes. Los responsables siguen libres.
Tres meses antes, se realizó un operativo contra quienes diezman la riqueza forestal en el Ajusco. Se localizaron 24 aserraderos, pero no detuvieron a ninguno de los delincuentes. Habitantes de las comunidades Santo Tomás y San Miguel han denunciado numerosas ocasiones la tala ilegal por grupos criminales y las amenazas que reciben de ellos. También diezman el bosque en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, se ha referido múltiples veces a la importancia de las áreas forestales de la ciudad para la recarga del acuífero y como pulmón verde. Menciona el abandono de las anteriores administraciones al reducir los recursos destinados a ejidatarios y comuneros para que cuiden el bosque. También padecen por la tala ilegal las entidades vecinas: Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y estado de México.
La impunidad que cobija a los talamontes se extiende por el resto del país. En Chihuahua los cárteles de Sinaloa y Juárez luchan por controlar un nuevo negocio: la deforestación y amenazan a las comunidades indígenas que buscan conservarlo. En Michoacán se pierde bosque para establecer huertas de aguacate. Agreguemos la destrucción de selva tropical en Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
Se trata de un grave problema con datos muy desalentadores: México perdió en los primeros 17 años de este siglo poco más de 3 millones de hectáreas de bosques (en promedio 175 mil cada año), 6 por ciento de su territorio forestal. Ello ocurrió mientras el gobierno federal y los organismos internacionales vinculados al ambiente y al calentamiento global advierten que los bosques son fundamentales para absorber los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono; por ser fábricas naturales de agua y hábitat de una enorme biodiversidad: mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Además, casi una tercera parte de la fauna que habita en nuestros bosques y selvas solamente existe en México.
Uno de los programas más importantes de la actual administración busca reforestar masivamente el país. Incluye árboles frutales y especies nativas en el sureste. Urgente hacerlo realidad, pues el año pasado se perdieron más de 300 mil hectáreas vía la tala ilegal, la expansión de las áreas ganaderas y agrícolas, a lo cual se suman los incendios. Mas parece que lo prometido está lejos de cumplirse y un ejemplo lo tenemos en Oaxaca.
Se trata de la entidad con mayor biodiversidad del país, pero anualmente pierde unas 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo, incendios, plagas, tala clandestina. Además, 1.6 millones de hectáreas están degradadas y 18 por ciento de su territorio requiere reforestación. Pero las instancias públicas no han invertido lo suficiente para revertir la situación. De los 47 viveros que había quedan 11. La Fundación que preside Alfredo Harp ofreció al gobierno local compartir lo que hace en la materia: un peso la fundación y otro el estado.
No tuvo respuesta, por lo que prosigue por su cuenta el establecimiento de viveros y la reforestación, como en Chimalapas (tesoro en biodiversidad) y el Istmo. Igualmente en áreas afectadas por los incendios y la gran demanda de madera para la reconstrucción de lo que dejaron los sismos de 2017. La Fundación Harp tiene 11 viveros en seis regiones de Oaxaca y este año entregará 5 millones de arbolitos para siembra a los grupos sociales de las regiones más afectadas por la tala. ¿Y lo prometido por la 4T?
