na cuestión ronda por la cabeza de los mexicanos de todas partes del país: cómo detener la creciente violencia y la inseguridad pública. Y, derivada de ella, cómo se rehace, eventualmente, un entramado social que hoy está sumamente desgastado y es fuente de severos conflictos.

Ambas condiciones van de la mano y cualquier intento de reconformar el armazón de esta sociedad, como es el caso de proveer un mayor bienestar general, pasa por ellas.

Es obvio que la realidad –cualquier cosa que eso signifique–, o seamos incluso menos pretenciosos y hablemos mejor de las experiencias de los ciudadanos, son asunto multiforme y complejo. Se estructuran de modos diversos y así se expresan también.

Pero hay un aspecto de esas experiencias que sobresale por su dimensión, su significado y las formas en que se manifiestan y es la violencia. Este fenómeno se ha desatado, cada vez más ostensiblemente y sus distintas expresiones llegan a extremos contundentes en todos los sentidos.

Ambas cuestiones, la violencia extendida y el desgaste social, se han ido conformando a la par desde hace décadas, tienen orígenes diversos y se aprecian en un abundante catálogo de hechos y situaciones.

En ese ya muy largo tiempo el Estado y los distintos gobiernos se han ido replegando y también debilitándose finalmente de modo efectivo y muy riesgoso. Este no es sólo un tema de teoría política de primera importancia, sino un asunto literalmente vital para la población y todo el armazón de la sociedad.

Las reseñas de los hechos están ahí a diario; las imágenes son de terror, admitámoslo sin ambigüedades. Las consideraciones expuestas por los expertos en seguridad se conocen; las teorías de la conspiración pululan y siempre tienen un propósito ulterior para alentar la confusión y sacar tajada. Las interpretaciones avanzan todo tipo de sospechas y rozan a veces en lo fantasioso y, peor aún, en lo irresponsable; el asunto se presta para eso. Mucho queda en secreto por razones distintas.

Los hechos violentos afectan, profundamente por cierto, la existencia de quienes los padecen directamente, al igual que aquellos que los presencian. Los reportajes y las imágenes que hay sobre los hechos de violencia dejan una marca en quienes los ven. No se olvidan, sino que por razones de sanidad mental y, sobre todo, por la brutal impotencia se alojan en alguna parte del inconsciente, ahí donde queda asentado el miedo. Sí, lo racional es tener miedo. Surge el miedo con sólo leer las novelas (¿de ficción?) de Elmer Mendoza o Don Winslow y los demás.

La descomposición social que genera esta violencia y lo que la origina son profundos y se propagan rápidamente, como reguero de pólvora, lo que en este caso es una expresión literal y no figurada.

Si se hiciera una selección y una jerarquización de los innumerables problemas y conflictos que afectan al país habríamos de optar, con sensatez y sentido de urgencia, por anteponer lugar las causas de la violencia, sus formas y repercusiones, y de ahí idear algunos medios efectivos para abatirla y, con ella, la inseguridad rampante. La alternativa es dura siquiera de imaginar.

Este es un asunto vital y constituye hoy un factor determinante de la estructura social y productiva y del entorno político. Lo es, también, como elemento clave para rearmar políticas efectivas que promuevan una mayor cohesión, como sustento firme del bienestar.

Está vinculado con la necesidad de redefinir la configuración política que exige hoy el país, para atender y reforzar a la menguada democracia y establecer un modelo efectivo del orden social basado en instituciones fuertes y confiables y en las leyes.

Me parece que esto último no habría de ser tomado como ingenuidad y no considera ninguna idea de perfección, la que nunca se consigue. Es una necesidad. Involucra, en esencia, a la naturaleza del Estado que se quiere. Este puede ser un asidero admisible y compartible en el marco de la gran diversidad que caracteriza a esta sociedad y las desigualdades que la definen.

Se trata también del efecto que el reordenamiento político basado en la recuperación de la seguridad –no olvidemos que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal– debe tener en el crecimiento de la producción, del empleo y el ingreso de las familias. Lo es, igualmente, para definir los criterios para la gestión de los recursos naturales o la generación y uso de la energía y establecer, los proyectos que se emprenden. Son los criterios de largo plazo para recomponer de modo sostenible el bienestar en materia de salud y educación. Este es el asunto de índole práctica, la que al final importa a la gente.